Blablacar contraataca: demanda a la Comunidad Madrid ante Bruselas

La empresa líder de viajes en coche compartido en España (y en Europa) pasa al contraataque. Se verán las caras con representantes de la Comunidad de Madrid ante la Comisión Europea, al entender que el ente madrileño se ha excedido en su actuación.

Blablacar abre su tercer frente judicial relacionado con el mercado español. Desde que Blablacar -antigua Comuto- empezó a operar en Francia hace unos años, solo ha tenido problemas dentro de España. Primero empezó una guerra con la patronal de los autobuses, al entender este colectivo que Blablacar es un competidor desleal.

Está visto para sentencia el conflicto entre Blablacar y el sector del bus, el juez de Lo Mercantil número 2 de Madrid ha de pronunciarse al respecto. Si el juez entiende que Blablacar presta un servicio de transporte, se podría hablar de competencia desleal. Si, en cambio, se considera una empresa digital que solo hace una mediación, Blablacar tendría razón.

Después se metió en el ajo la Comunidad de Madrid, que abrió tres expedientes sancionadores en materia de transporte: uno para Blablacar y otros dos para conductores que presuntamente se lucraron. Según la CAM, esos conductores recibieron más de 19 céntimos por kilómetro, la barrera que marca Hacienda en este tipo de asuntos.

Para la Comunidad de Madrid, Blablacar es una empresa que realiza servicios de transporte, y por ello necesita una licencia. Bajo el punto de vista de Blablacar no es así. Dicha licencia no es necesaria en ningún país de Europa, y, según su criterio, es una licencia que no pueden obtener aunque quieran.

Por lo tanto, Blablacar entiende que la Comunidad de Madrid está obstaculizando la libre prestación de servicios dentro del ámbito de la Unión Europea, y ha acudido a la Comisión Europea para que se aclare la institución supranacional. Blablacar nunca se ha definido a sí misma como una empresa de transporte, sino una red social que pone en contacto a viajeros y conductores.

Blablacar ya avisó de que recurriría ante la UE

Este proceso puede llevar hasta 18 meses, de acuerdo a la previsión de Blablacar. Para cuando se resuelva ya existirá un fallo judicial sobre el conflicto con las empresas del sector del bus, y probablemente se hayan resuelto los recursos administrativos a los expedientes levantados por la Comunidad de Madrid. Un recurso puede ser favorable al administrado, o todo lo contrario.

Blablacar lo tiene claro, compartir coche en España es legal, y lo seguirá siendo. Recientemente se actualizaron los términos y condiciones de la plataforma (vigentes desde diciembre), ahondando más en algunos aspectos para evitar potenciales abusos y situaciones que se salgan de la legalidad. En teoría, ningún conductor puede lucrarse, pero es algo más ligado a su responsabilidad que a otra cosa.

Analizando la reglamentación aplicable, que es la LOTT y el ROTT, se puede compartir el gasto de un viaje entre varias personas que sean allegadas, es decir, que tengan algún tipo de vínculo social o equivalente. Si se analiza la ley de forma literal, no sería posible compartir viajes con desconocidos totales, aunque no exista ánimo de lucro.

En el caso de querer lucrarse, el conductor necesita una licencia administrativa de transporte de personas, tiene que tener un seguro de responsabilidad civil específico (como los taxistas), pagar una serie de impuestos, hacer papeleo... Según Blablacar, los conductores que aceptan el precio medio propuesto no se lucrarán, es decir, no obtendrán beneficios.

Si sumamos los importes de las sanciones en Madrid para la plataforma y para los dos conductores, hablamos de 16.800 euros. Se dividen entre las sanciones para conductor, 4.000 euros por cabeza, y dos sanciones de 4.000 euros y otra de 800 para Blablacar, dependiendo del precepto legal presuntamente infringido.

España es un país que se resiste más a la economía colaborativa cuando pinchan hueso en el sistema legal, basta con recordar qué pasa con Uber y con Airbnb. Tenemos la legislación que tenemos, y hay que cumplirla. Un país con normas más laxas no pondría problemas para la actividad de Blablacar, e incluso habría mayor tolerancia respecto al lucro de los conductores, hasta cierto punto.

Si he de dar una opinión imparcial, ni la CAM ni Blablacar tienen razón al 100%. Es evidente que Blablacar no es una empresa de servicios de transporte, pero se acerca mucho a serlo, además que resulta llamativo que solo hayan descubierto a dos conductores lucrándose. Cualquier precio que se sube del importe medio (color naranja o rojo) en la aplicación empieza a ser sospechoso de tener ánimo de lucro.

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