Un tribunal alemán frena el recargo del 60 % de EWE Go a otros proveedores de recarga
Llegar a un cargador público y ver cómo el precio se dispara simplemente por usar una aplicación distinta es una de las grandes trampas de la movilidad eléctrica. Una sentencia judicial en Alemania acaba de cuestionar este sobrecoste basándose en el reglamento europeo AFIR.
Cualquiera que lleve años haciendo kilómetros en coche eléctrico conoce perfectamente este problema. Paras en una estación de carga en plena ruta, sacas el móvil, abres la aplicación con la que gestionas habitualmente tus viajes y descubres que el kilovatio hora te sale a un precio desorbitado. Si te tomas la molestia de descargar la aplicación nativa del operador de ese poste, registrarte, meter los datos de pago y verificar la cuenta, la misma electricidad pasa a costar en ocasiones la mitad.
Esa fricción cotidiana no es una simple molestia de usuario, sino el síntoma de un modelo de negocio que penaliza la interoperabilidad. Durante años nos han vendido que el roaming europeo solucionaría el rompecabezas de llevar quince aplicaciones en el teléfono móvil. La realidad es que muchas redes han utilizado las tarifas mayoristas como una barrera de entrada para blindar a sus propios clientes y cobrar un peaje desmedido a los demás. Ahora, una resolución judicial acaba de poner números y límites a esta práctica.
El caso de Múnich: tres precios para los mismos electrones
El conflicto resuelto por el Tribunal Regional de Múnich I pone sobre la mesa un caso flagrante entre el operador de red EWE Go y la plataforma Digital Charging Solutions (DCS), proveedora que da soporte a los servicios de recarga integrados de marcas como BMW o Mercedes-Benz. El panorama de tarifas que analizó el tribunal no deja lugar a dudas sobre cómo funciona este mercado en la sombra.
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Por suministrar exactamente el mismo servicio en el mismo poste de carga, EWE Go exigía al proveedor de roaming una tarifa mayorista de 0,837 euros/kWh. Si un conductor cualquiera llegaba al cargador y pagaba directamente mediante tarjeta bancaria o pasarela web sin contrato previo, el precio era de 0,79 euros/kWh. En cambio, si ese mismo conductor utilizaba la aplicación directa de EWE Go estando registrado, la factura caía hasta los 0,52 euros/kWh.
La diferencia entre la tarifa de abonado y lo que se le exigía a la plataforma de interoperabilidad ascendía a 0,317 euros/kWh, lo que supone un recargo cercano al 60%. El tribunal consideró que semejante brecha no estaba justificada y obligó al operador a ofrecer al proveedor externo el acceso a la tarifa base de 0,52 euros/kWh.
Qué dice el reglamento AFIR sobre la discriminación
La base jurídica que sostiene este golpe sobre la mesa no es una normativa local alemana, sino una legislación comunitaria: el reglamento europeo AFIR. En su artículo 5, la norma establece con claridad meridiana que los operadores de infraestructura de recarga de acceso público no pueden discriminar en sus precios ni entre usuarios finales ni entre proveedores de servicios de movilidad.
El texto normativo contempla que existan diferencias de precio, pero exige que estén justificadas de forma objetiva y que sean proporcionadas. Durante el litigio, el operador alegó que ese sobrecoste del 60% respondía a costes administrativos añadidos, soporte de atención al cliente, riesgos comerciales y el valor estratégico de fidelizar a sus usuarios directos. El tribunal descartó estos argumentos por considerarlos insuficientes para justificar semejante escalón tarifario.
Aquí conviene introducir una salvedad importante para no generar falsas expectativas. La sentencia judicial, que todavía no es firme y puede ser recurrida, no obliga a que todas las aplicaciones cobren exactamente lo mismo al usuario final. Un proveedor de movilidad puede aplicar sus propios márgenes operativos o cuotas de servicio siempre que sean transparentes. Lo que este fallo corta de raíz es el sobreprecio inflado en origen por el gestor del poste, que impedía cualquier competencia real.
Afortunadamente, en España tenemos el caso de Zunder, que desconozco a qué acuerdos ha llegado con los operadores, que te cobra únicamente 1€ de sobrecoste de interoperabilidad. A mí, me parece el camino a seguir. 1€ de más en cada carga, por los costes administrativos, me parece de los más razonable
Lo que esta batalla significa para las carreteras españolas
Aunque el litigio se haya librado en Baviera, el tablero es estrictamente europeo. Al sustentarse en la aplicación directa del reglamento AFIR, la interpretación judicial marca el camino para impugnar situaciones idénticas que vivimos a diario en las carreteras españolas. Quien viaja por la península sabe que conectar el coche mediante una tarjeta universal de interoperabilidad suele suponer un recargo desproporcionado frente a las aplicaciones de cada distribuidora local.
La movilidad eléctrica no puede depender de que un conductor lleve docenas de perfiles abiertos en el móvil para esquivar sobrecostes abusivos. Si el coste mayorista se normaliza y los operadores no pueden utilizar el roaming para castigar al usuario ajeno, la interoperabilidad dejará de ser un lujo reservado a momentos de emergencia para convertirse en lo que siempre debió ser: un estándar cómodo y razonable para viajar sin calculadora.
