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    Fiscalía pide esta vez a policías vigilar ciclistas y usuarios de VMP

    Rueda de prensa de Bartolomé Vargas, hoyFiscal.es

    La Fiscalía de Seguridad Vial considera un «fenómeno» la proliferación de los vehículos de movilidad personal (VMP), pero desde el punto de vista negativo: su siniestralidad, fraudes a nivel de homologación e incluso la posibilidad de que se utilicen para cometer delitos viales.

    Bartolomé Vargas, Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, ha dado una rueda de prensa esta mañana para informar sobre el Dictamen 2/2021, remitido tanto a fiscales especializados en Seguridad Vial como a policías municipales para unificar criterios sancionadores y pedir una mayor vigilancia.

    Hace años que la cuestión de los vehículos de movilidad personal empieza a tener una serie de problemas asociados. Literalmente, podemos hablar de que hubo un tiempo de «ley de la selva», y fue necesario poco a poco ir regulándolos. La DGT unificó criterios por primera vez a finales de 2019 tras algunas iniciativas municipales.

    No paran de cesar las ventas de vehículos animados por pequeños motores eléctricos

    Pero no basta con que las normas estén escritas en un papel, se tienen que cumplir, su cumplimiento ha de vigilarse, y en el caso de que no haya cumplimiento es cuando hay que sancionar a los infractores. Y la Fiscalía da por sentado que las normas no se están cumpliendo todo lo que les gustaría.

    Bajo la denominación genérica VMP podemos citar bastantes tipos de vehículos, la propia Fiscalía cita hoverboard o balance scooter, Segway o dispositivo de transporte con autobalanceo, mini segway, bicicletas eléctricas, monociclos eléctricos o airwheel, patinetes eléctricos, vehículos autoequilibrados...

    No solo eso, Fiscalía también tiene en consideración que se están comercializando vehículos de este tipo que violan las normas de homologación, como lo respectivo a su velocidad máxima, y que se están vendiendo sin ningún control. El «trucaje» o deslimitación de los VMP no es precisamente un tabú.

    El modificar estos vehículos para superar los límites reglamentarios no es ninguna travesura y puede tener graves consecuencias en caso de accidente con heridos o algún fallecido

    Entre las instrucciones dadas por Fiscalía está la de determinar si se trata de verdaderos VMP o de vehículos que, por sus prestaciones, tendrían otro encaje normativo: consideración de vehículo a motor, obligatoriedad de seguro y matrícula... y el poder cometer delitos. Básicamente, hablamos de consumo de alcohol y drogas, conducción temeraria o conducción sin permiso -por haber hecho reformas no autorizadas y llevar un vehículo a motor a efectos legales-.

    Este vídeo del popular youtuber vicesat, con más de 2,6 millones de reproducciónes, explica cómo realizar reformas ilegales en un vehículo de este tipo

    La DGT ya había puesto en marcha una campaña de vigilancia de alcohol y drogas, del 16 al 22 de junio, dadas las inevitables consecuencias de haber acabado con el estado de alarma y que las cosas vuelvan poco a poco a la normalidad. Sí, incluso ese tipo de cosas vuelven.

    Fiscalía ha pedido que se mantenga la presión. Si nos remitimos al último año normal, 2019, hubo 48.078 condenados por cometer delitos contra la Seguridad Vial, bien por exceder los límites permitidos hasta ser un delito, o por haberse negado a someterse a un control (el castigo es el mismo).

    Y aunque sea un desafío a la lógica, sí, se pueden dar casos de ciclistas o usuarios de VMP que conduzcan con tasas de alcoholemia ilegales (y por encima del sentido común) o que dan positivo por sustancias ilegales y estas tienen efectos negativos en la conducción.

    Fiscalía quiere que estos controles sean visibles, y que la imagen de un usuario de VMP que sea parado para ser sancionado o para efectuar un control de alcohol/drogas sea una realidad. Podemos interpretar esto como el querer acabar con cierta sensación de impunidad.

    No es una cuestión baladí, los usuarios de bicicletas y de VMP no están obligados a tener un seguro de responsabilidad civil, por lo que en el caso de causar daños y perjuicios a terceros pueden no tener suficiente solvencia patrimonial para afrontar las consecuencias (por eso existen los seguros).

    Fiscalía ha pedido a la Dirección General de Seguros y Consorcio de Compensación de Seguros que estudien fórmulas para valorar cómo afrontar este problema, y que si se genera la necesidad de cubrir estos daños con seguros, se hagan las reformas legales necesarias. En síntesis, que pagarán todos los justos por una minoría de pecadores, el tema vuelve a estar de actualidad.