El primer peaje electrónico "a la portuguesa" de España está en la A-636 de Guipúzcoa

Mientras el Gobierno de España sigue jugando al despiste y demorando la presentación del anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible antes de remitirla al Congreso de los Diputados, sigue adelante en sus pretensiones de acabar con las autopistas y autovías de uso gratuito. Lo pactado con Bruselas para recibir los «dineros» europeos para levantar la economía española a consecuencia de la pandemia de COVID se dilata por cálculos electorales.

Un antecedente de lo que nos espera lo tenemos en la autovía autonómica Beasáin-Vergara (A-636), que conecta las carreteras N-I y AP-1 desde 2019, cuando acabaron las obras. En esta autovía de peaje no vamos a encontrar barreras ni cabinas de pago, es un sistema de peajes «a la portuguesa».

Al igual que en nuestro vecino ibérico, para circular por una autovía o autopista de peaje electrónico -modalidad «free flow»- hay que dar de alta el vehículo para asociar matrícula con un medio de pago, o en caso contrario utilizar un sistema telepeaje que distintos pórticos van detectando y anotando el consumo realizado. Si no, el vehículo es sancionado, aunque no inmediatamente, solo si no pagamos a tiempo.

Cuadro de tarifas de la A-636 para vehículos que no usan telepeaje ni descuentos por uso frecuente (25 al 75%)

Este sistema de peajes está en vigor desde mediados de enero de 2022. Afecta a los turismos, furgonetas, camiones y autobuses, solo se libran las motocicletas por dos posibles motivos: la complejidad de leer sus matrículas o considerar que el daño que realizan al asfalto de la vía es despreciable.

El equivalente al sistema de telepeaje se llama Abiatu, destinado a los empadronados en la provincia de Guipúzcoa. La ventaja de utilizar el dispositivo de telepeaje es que acumula descuentos para los usuarios habituales, aquellos que hacen más de seis recorridos al mes. Los vehículos pesados no tienen descuentos.

Como alternativa al Abiatu se puede utilizar cualquier dispositivo TAG -como Vía-T- o, en su defecto, hay que dar de alta la matrícula en el portal de Bidegi (Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras) y utilizar una tarjeta bancaria para que quede asociada. Si no hemos usado ni una cosa ni la otra, y hemos ignorado la señalización, tendremos un problema relativo.

El trayecto es de 22,9 kilómetros, por el que los turismos abonan 3,01 euros sin descuentos, y con un uso muy frecuente serían 74 céntimos por trayecto

Las matrículas de los vehículos captados por las cámaras -excepto motocicletas- que no se hayan podido asociar a un medio de pago activan un sistema de notificación al titular del vehículo. En el domicilio postal del mismo llegará una carta de la Diputación Foral de Guipúzcoa con una carta de pago. No es una multa.

Tendremos un periodo de pago voluntario para abonar la cantidad correspondiente. Pasado ese plazo sí habrá una multa, porque se emitirá una sanción administrativa. Como ya será un periodo de pago extraordinario, habrá un recargo, y cuanto más se tarde en pagar, el problema será de mayor magnitud.

Salvo los conductores que no son habituales de la zona, digamos que esto se veía venir hace tiempo. La Diputacion ya avisó en 2020 de que iba a cobrar peajes no solo a los vehículos pesados, sino a todos en general a excepción de las dos ruedas. Previamente los peajes de la N-I y A-15 habían sido invalidados por la justicia por ser discriminatorios, solo afectaban a los pesados. Los afectados pueden reclamar a la Diputación todo lo que pagaron.

Los pórticos dividen el trayecto en cuatro segmentos y se tarifican de forma independiente. No hay ninguna barrera en todo el trayecto

La asociación de transportistas Fenadismer lleva tiempo batallando contra los peajes a los camiones y autobuses, ya que estos no cubren los costes de mantenimiento, pero sí deberían hacerlo los impuestos a los hidrocarburos gestionados por la autonomía vasca. La diferencia en esta ocasión es que también afecta a los turismos.

Es más probable que este sistema se implante en España que el de viñetas, porque las normas europeas van en dirección a suprimirlas y utilizar los principios pago por uso -cuanto más se usa, más se paga- y el que contamina, paga -depende del tipo de vehículo-. Las viñetas no tienen en cuenta lo primero.

De momento el Gobierno de España no tiene nada que ver con lo que hace la Diputación, pero sin duda ya tenemos un precedente peligroso de una administración pública que, sin hacer un uso finalista de los impuestos a los automovilistas, necesita implantar un sistema de repago para que le salgan las cuentas. Esto es así.