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    Los peajes en autovías a partir de 2024 en España son un repago, no un "sistema de tarificación"

    Los peajes en autovías a partir de 2024 en España son un repago, no un "sistema de tarificación"
    Las ministras portavoces del Gobierno posan junto al cartel de «recuperación justa»Borja Puig de la Bellacasa / Moncloa
    Javier Costas
    Javier Costas7 min. lectura

    Por cada paso que dé el Gobierno para implantar peajes en todas las autovías y autopistas de España, hay que recordar que la conservación de las carreteras ya está sufragada de sobra con los impuestos que pagamos los automovilistas cada año.

    Si introducimos una rana en una olla de agua hirviendo, lo más probable es que salte y se salve. Si empezamos por agua templada y vamos subiendo la temperatura poco a poco, acabará por morir escaldada. Esa misma política es la que está usando el Gobierno para comunicar esta infame medida, la de la rana en una olla hirviendo.

    Llevamos meses con un goteo interminable de declaraciones que van allanando el terreno en la opinión pública, y en un contexto en el que cada día nos preocupa otra cosa diferente, acabaremos como la rana a la que se le sube la temperatura poco a poco, tal vez aceptando una medida tremendamente injusta.

    Aunque el pensamiento mágico nos lleve a creer que los peajes de las autovías desde 2024 solo los van a pagar los automovilistas, lo cierto es que lo vamos a pagar todos y cada uno de los consumidores. Los transportistas y profesionales irán repercutiendo a sus clientes los incrementos en sus costes si no quieren quitarlo de sus márgenes. Da igual que sea un céntimo por kilómetro o un tarifazo plano de 80 euros.

    En Portugal los peajes electrónicos en autopistas que eran gratuitas (ex SCUT) han espantado a miles de conductores de vías rápidas y seguras, también turistas

    Empezamos a ver cómo algunos productos suben de precio por el auge del precio de la electricidad en el mercado mayorista, algunos negocios no pueden seguir absorbiendo la diferencia de costes y están subiendo precios. A las empresas más electrointensivas les empieza a salir a cuenta parar su producción.

    Por eso, dejando al margen el eufemismo de sistema de tarificación, lo cierto es que estamos ante un repago en toda regla, porque tampoco es un copago. Es un repago porque los más de 30.000 millones de euros que pagamos los automovilistas en forma de impuestos dan para mantener toda la red nacional varias veces, cada año.

    Podemos hablar también de «tripago»: 1) por impuestos, 2) por uso, y 3) por inflación de precios

    Es decir, no siendo los impuestos ligados al automóvil finalistas, estamos financiando miscelánea y, de paso, la conservación de las vías de alta capacidad. Nos va a salir caro que el Gobierno no haya alargado aún más las concesiones de varias autopistas de peaje por las que ahora es gratis circular: AP-1, AP-2, AP-4 y AP-7.

    Billetes de euro quemados - Fotografía: Iesum (Flickr) CC BY-ND

    Resulta aún más difícil para el automovilista comprender que se nos ponga un impuesto nuevo considerando que los nuevos Presupuestos Generales del Estado piensan fundir 458.970 millones de euros en gasto público. La Asociación Española de la Carretera cifra el déficit de conservación viaria en 8.000 millones de euros, que es una minucia en comparación con una cifra tan grande.

    Al final, todos los impuestos que «pagarán los ricos» los acabamos pagando los demás. Ha pasado con los gastos hipotecarios, esos que «pagan los bancos» pero se trasladan a las hipotecas en forma de intereses. Está pasando con la electricidad a precios récord, lo pagan los clientes. Pasará cuando se pongan peajes y repago en un país donde casi todo se transporta por carretera.

    Si la situación no es suficientemente desalentadora, hay que considerar otro problema que nos va a explotar en la cara: la profesión de conducir camiones está falta de vocaciones, y se avecinan muchas jubilaciones sin reemplazo generacional, así que habrá que subir sueldos o traerlos de fuera. Empezar a ver desabastecimiento en algunos lugares, como ya pasa en el Reino Unido, no será ciencia ficción.

    Los resultados de una encuesta del RACE a sus socios no deja mucho lugar a dudas

    A todo esto, habrá que sumar el lógico coste que implicará el aumento de la siniestralidad por el trasvase de tráfico a las carreteras secundarias, donde se producen más de la mitad de los accidentes con heridos graves o muertes, lo cual impactará obviamente en gasto sanitario que también vamos a pagar todos, todas y «todes». Aumentará también la contaminación y el consumo de combustibles.

    El RACE ha recordado en un comunicado lo mismo que dijo hace meses: «reitera su oposición frontal por ser una medida que vuelve a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores y, sobre todo, porque los pone en serio peligro al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas». Aplausos, por favor.

    El Gobierno prefiere desconectar de la realidad y aplicarle colores a todo, pero la realidad es la que es. Si se implanta esa medida está por ver si se recupera el dinero para mantenimiento en las carreteras, porque nuestros vecinos portugueses no han recaudado ni el 30% de lo que les cuesta mantener sus autopistas, a cambio de un enorme agravio para sus nacionales y los incautos turistas que viajan por carretera.