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Cuánta energía tiramos a la basura por culpa de las «inasumibles» trabas de administraciones y distribuidoras al autoconsumo solar

Según el último informe de la OCU, las distribuidoras energéticas, los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas están entorpeciendo el avance de la energía fotovoltaica en las instalaciones de autoconsumo, causando el desperdicio de 160 millones de euros cada año.

Cuánta energía tiramos a la basura por culpa de las «inasumibles» trabas de administraciones y distribuidoras al autoconsumo solar
Esta es la ingente cantidad de energía fotovoltaica desperdiciada en España por las trabas burocráticas

7 min. lectura

Publicado: 05/12/2023 19:00

Las energías renovables juegan un papel fundamental en la actualidad para ayudar a cumplir los objetivos de descarbonización y de reducción de emisiones globales. Las fórmulas de autoconsumo en hogares e industrias, sobre todo con paneles solares, son vitales en este sentido y no dejan de crecer con el paso del tiempo.

Sin embargo, todavía existen muchos impedimentos que provocan que la producción de energía fotovoltaica y el autoconsumo no termine de despegar, con la consecuente pérdida de energía producida. Así lo refleja el último informe de la OCU, quien apunta directamente a distribuidoras, ayuntamientos y CC.AA. de «entorpecer».

Algo que también se traslada a las industrias, donde de nuevo la falta de voluntad por parte de las empresas eléctricas y de una regulación más favorable y efectiva provoca que no se estén aprovechando debidamente las instalaciones ya existentes para reducir la huella de carbono.

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¡Infórmate!
La OCU pone cifras al desperdicio de energía fotovoltaica por las trabas existentes en España

La ingente cantidad energía desperdiciada en España

Según los datos de la organización de consumidores en España, estamos perdiendo el 19 por ciento de la energía producida por las instalaciones de autoconsumo por culpa de los retrasos en la legalización de las instalaciones, lo que representan 1.067 GWh desaprovechados.

O lo que es lo mismo, el 0,4 por ciento de la demanda eléctrica total española. Quizás te parezca un porcentaje pequeño, pero: ¿y si te decimos que estas barreras, tanto regulatorias como técnicas, impiden el vertido a la red de excedentes de energía valorados en 160 millones de euros al año? Ya no parece 'tan poco', ¿verdad?

España es el segundo país de Europa en potencia instalada de energía solar: en 2022, las instalaciones de autoconsumo tenían 5.249 MW de capacidad (la central térmica de As Pontes produce como máximo 1.400 MW, como referencia), siendo el 32 por ciento aportado por viviendas.

El autoconsumo fotovoltaico, una fórmula más que necesaria para el impulso de las energías renovables

Cómo funciona el autoconsumo fotovoltaico

Según la OCU, las grandes distribuidoras de electricidad están «poco interesadas en que los usuarios ganen independencia», sobre todo en el caso de las instalaciones comunitarias en edificios. Por otro lado, ayuntamientos y Comunidades Autónomas ocasionan retrasos burocráticos.

¿Qué papel juega cada uno de ellos en el autoconsumo de electricidad? Recordemos que estas fórmulas ganaron gran popularidad sobre todo ante el aumento de los precios de la electricidad, ya que ayudan a ganar independencia respecto a las grandes empresas energéticas.

Las instalaciones de autoconsumo permiten verter a la red eléctrica los excedentes de electricidad que se generan y que sobran, de forma que otros usuarios puedan gastarla. Para que así sea, la instalación debe estar registrada en la Comunidad Autónoma, que a su vez debe informar a la distribuidora para conectarse a la red. Esta, en última instancia, debe enviar los datos a las comercializadoras para compensar los excedentes en las facturas de los usuarios.

Debido a que este excedente de energía no llega siempre a la red común, se produce el desperdicio antes comentado del 19 por ciento del potencial de generación de estas instalaciones de autoconsumo.

Las trabas al autoconsumo en España y cómo solucionarlas

Las barreras regulatorias y técnicas son las causantes de todo este problema, cuando la instalación para el autoconsumo debería ser un procedimiento «fácil y sencillo», gracias a la Directiva europea de energías renovables.

Por una parte, la OCU critica la falta de una normativa común en los Ayuntamientos: cada uno tiene unos requerimientos y solicita una documentación distinta, «a veces tan complicados como los de obra industrial». Esto causa «una excesiva demora y requiere costosos estudios técnicos».

La OCU apunta a las administraciones y las distribuidoras como causantes de estos problemas

En segundo lugar, las Comunidades Autónomas, encargadas de legalizar las instalaciones, ralentizan los trámites, provocando que no se pueda seguir adelante con los procesos de compensación de excedentes «porque la distribuidora no los calcula ni informa a la comercializadora hasta que no llega el aviso de la CC.AA.».

Y por último, las distribuidoras, «el punto más crítico del proceso» según la OCU, causante de las muchas trabas para la activación y conexión de los sistemas de autoconsumo. No solo por la ralentización de los trámites, también por el aumento excesivo de los costes por malas prácticas de tramitación:

  1. Las dificultades para activar los contratos individuales, pidiendo repetidamente la misma documentación y abriéndose varios expedientes para un mismo caso, lo que dilata en exceso todo el proceso
  2. La indebida prohibición de que un consumidor tenga varios contratos de autoconsumo, cuando la regulación legal sí lo permite, asegura la OCU.
  3. La obligación del titular a realizar modificaciones en sus instalaciones, afrontando sobrecostes que llegan a doblar el presupuesto «de manera injustificada y abusiva», cuando estos cambios deberían ser afrontados por la distribuidora.

La OCU lleva ya un tiempo pidiendo medidas urgentes para solucionar esta problemática, como por ejemplo el acuerdo de unos procedimientos comunes y disponer de personal administrativo que pueda agilizar los trámites en las administraciones implicadas.

Por el otro, asumir los cambios técnicos correspondientes, no poner barreras e informar correctamente a su personal de los procedimientos, en el caso de las distribuidoras. Y por último, mejorar la comunicación entre estas y las comercializadoras.

Fuente: OCUFotos: Freepik

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