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Alemania sienta un precedente legal para limitar la circulación de los diésel

Los ayuntamientos alemanes ya tienen vía libre para limitar la circulación (o prohibirla) de los vehículos más contaminantes sin necesidad de leyes federales que afecten al país entero. Se llevan un revés el gobierno central, fabricantes y landers que litigaron en contra.

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Publicado: 27/02/2018 21:00

Fotografía: Robert Lehmann (Deutsche Umwelthilfe)

Los ecologistas se han salido con la suya. Con unos días de retraso -la decisión se esperaba para el jueves pasado- el Tribunal Federal de Leipzig ha fallado a favor de las tesis verdes: los ayuntamientos podrán imponer restricciones a la circulación de los diésel más contaminantes.

En Alemania circulan unos 15 millones de coches con motores de gasóleo, de los cuales solo 2,7 millones cumplen la exigente normativa Euro 6. Los que estén por debajo empezarán a ver limitada su libertad de forma progresiva, y no de la noche a la mañana. Se empezará por los más contaminantes.

Los propietarios de todos esos vehículos tendrán básicamente dos opciones: invertir en sus coches para que reduzcan sus emisiones, o deshacerse de ellos. Esto tendrá consecuencias en el mercado de ocasión, los usados perderán valor, y algunos contratos de leasing/renting se podrán encarecer por el menor valor futuro de los activos.

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Según los datos de Evercore ISI, convertir los modelos Euro 5 para que reduzcan sus emisiones contaminantes tendría un coste aproximado de 14.500 millones de euros, unos 1.500 euros por coche. Haría falta tanto reprogramación de sus centralitas como modificaciones a nivel de escape para reducir de forma eficaz los gases contaminantes.

Hasta el momento, algunos fabricantes habían tratado de parchear el problema con modificaciones en la programación de las centralitas para intentar limitar la generación de óxidos de nitrógeno (NOx) en su origen, dadas las limitaciones de neutralización en el sistema de escape. Es una solución más barata, pero de limitada eficacia.

Para que un diésel contamine poco se debe cumplir un delicado equilibrio de condiciones de combustible inyectado, temperatura exterior, temperatura del motor, temperatura de los sistemas anticontaminación, humedad, velocidad de circulación, carga del acelerador... Difícilmente se puede hacer la cuadratura del círculo para cumplir los límites legales en cualquier circunstancia.

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Ahora queda la duda de quién tendrá que pagar las mejoras en los coches, si los propietarios, los fabricantes, que vayan a medias, o que se concedan ayudas públicas. Otra solución puede ser una política de incentivos para que los Euro 4 y anteriores vayan yendo a los desguaces a cambio de un descuento en la compra de un coche nuevo.

A la industria automovilística alemana este fallo no le hará ninguna gracia, porque dificultará el retorno de la inversión incluso de los diésel actuales y aumentará los costes para que los vehículos circulantes contaminen menos. Eso será relativamente justo, ya que es dinero que se habían ahorrado previamente por no hacer las cosas bien desde el principio.

Al menos la VDA, que representa a la industria, se alegra de que las prohibiciones no van a ser generalizadas, que la implantación será progresiva y que se contemplen como una medida de último recurso. Está por ver qué impacto tendrá este fallo fuera de las fronteras de Alemania, ya que sienta un importante precedente.

Breve resumen de la batalla judicial

Inicialmente, la ONG Deutsche Umwelthilfe demandó a los ayuntamientos de Stuttgart y Düsseldorf por no hacer nada por proteger a su población de las emisiones excesivas de óxidos de nitrógeno de los motores diésel. El detonante fue el escándalo Volkswagen, camino de cumplir su tercer año en septiembre.

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En primer lugar los tribunales locales dieron la razón a los ecologistas, pero fabricantes y landers (regiones) se opusieron, por lo que la batalla judicial hubo que escalarla hacia el Tribunal Federal de Leipzig (Alemania), equivalente al Tribunal Supremo de España. Se ha producido un revés del revés.

La corte suprema alemana ha fallado a favor de los tribunales locales: no hace falta una regulación a nivel nacional para limitar la circulación de los diésel más contaminantes. A nivel federal, hubo pocos movimientos por sus lazos con los fabricantes y porque los límites de NOx se estaban sobrepasando por cantidades "modestas".

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