La DGT se prepara para los drones de largo alcance; vigilancia y sanciones en carretera experimentarán un cambio radical

Ahora mismo, cuando un dron de la Guardia Civil de Tráfico vigila un tramo de autovía, su piloto lo tiene siempre a la vista. Es la norma habitual en este tipo de operaciones: el operador ve el aparato y controla en todo momento dónde vuela.

Ese límite físico —la distancia que alcanza el ojo humano— es precisamente lo que Europa lleva años intentando superar con el desarrollo del U-space, un sistema pensado para que los drones puedan volar mucho más lejos de su piloto sin perder el control ni la seguridad.

La Dirección General de Tráfico (DGT) acaba de dar un paso, todavía interno, en esa dirección. Una instrucción firmada el 14 de julio por su director general, Pere Navarro, fija por primera vez el procedimiento que la Guardia Civil de Tráfico deberá seguir cada vez que quiera probar una tecnología nueva en su flota de drones, ya sea un sistema para evitar colisiones automáticamente o cualquier otra mejora que permita ampliar lo que estos aparatos pueden hacer.

El documento no autoriza, de momento, ningún cambio en las carreteras. Lo que hace es construir el procedimiento —quién debe pedir permiso, a quién y con qué requisitos— para que, cuando esas tecnologías estén listas, la DGT pueda incorporarlas con todas las garantías legales.

¿Vigilarán más carreteras los drones de la DGT?

La instrucción menciona expresamente el objetivo europeo de que los drones puedan operar más allá del alcance visual de su piloto, dentro del plan español para desplegar el U-space hasta 2030. Esto no significa que la DGT vaya a ampliar mañana el radio de sus drones de vigilancia: el documento no lo dice, y esta lectura es una interpretación de hacia dónde apunta el marco europeo, no una autorización concreta.

Lo que sí confirma la instrucción es que la DGT se está organizando internamente para que, cuando esa tecnología esté madura y homologada, pueda incorporarla sin tener que empezar de cero. Hablamos de un proceso que se ha creado a partir de cuatro fases.

Primero, la Guardia Civil de Tráfico debe avisar con antelación al departamento de la DGT responsable de movilidad y tecnología, explicando qué quiere probar y para qué serviría en la carretera. Después, ese departamento estudia la propuesta y puede exigir cambios o medidas de seguridad antes de aprobarla.

El tercer paso es comprobar que todo cumple la legislación sobre drones, tanto europea como española. Y el cuarto, antes de iniciar cualquier prueba, la DGT debe seguir los trámites de la ley de contratos públicos, porque se trata de un organismo público evaluando propuestas del mercado.

Nadie prueba nada por su cuenta

Ninguna tecnología nueva puede activarse sin que antes la unidad de drones de la DGT la valide, y sin que encaje con los acuerdos ya firmados con los aeropuertos, el Ejército del Aire y las empresas que gestionan el tráfico aéreo. La Guardia Civil de Tráfico, además, debe mantener informada en todo momento a esa unidad y acudir a cualquier reunión o demostración si el proyecto cambia la forma en que se opera.

Asimismo, cuando termina cada prueba, tiene que enviar un informe con los resultados y sus recomendaciones. Y si hace falta saltarse alguna norma del manual de operaciones, solo el responsable de esa unidad puede autorizarlo o rechazarlo.

¿Y las multas por el móvil o el cinturón?

El documento no dice nada sobre cámaras concretas ni sobre qué infracciones podrían detectar en el futuro drones más autónomos.

Pero si el plan europeo avanza como está previsto y los drones de tráfico llegan a volar de verdad más allá del alcance visual de su piloto, la pregunta que queda en el aire es esa: ¿veremos algún día un dron detectando el uso del móvil al volante desde varios kilómetros de distancia?

Por ahora, lo único que existe es el procedimiento para llegar hasta ahí, no la tecnología: esta instrucción entró en vigor al día siguiente de publicarse.