Ni un Pegasus en vuelo: la DGT deja en tierra todos sus helicópteros equipados para multar
Las carreteras españolas no tienen a día de hoy ningún helicóptero de la DGT controlando las carreteras después de los problemas de la empresa adjudicataria del servicio aéreo. Esta es la situación actual.

Cuando el río suena… Hace unas semanas, mi compañero David Plaza os contaba los problemas de la DGT ante la empresa encargada de la vigilancia aérea del tráfico en España, que se encontraba en preconcurso de acreedores.
Ante las continuas afectaciones ocasionadas por la situación de Eliance, la empresa en cuestión, la Dirección General de Tráfico ha tomado una decisión drástica: paralizar los vuelos de sus helicópteros y trasladarlos a su base aérea de Cuatro Vientos en Madrid.

La crisis de Eliance deja en la estacada a los Pegasus
Cuando pensamos en los helicópteros de la DGT, lo primero que seguro que se te viene a la cabeza son los Pegasus y sus capacidades para multar a los conductores desde el aire. Sin embargo, estos helicópteros tienen funciones aún más importantes, como la de vigilar diariamente la situación del tráfico o la de dar apoyo en las labores de regulación y control.
Es por ello, que la situación a la que se enfrenta ahora la DGT es, cuanto menos, crítica. Según la información publicada por El Mundo, la crisis de Eliance, empresa adjudicataria del servicio aéreo de regulación y vigilancia del tráfico de la DGT, ha obligado a la Subdirección General de Tráfico a suspender las operaciones en vuelo ante el riesgo de seguridad por falta de recursos materiales o personales.
«No resulta posible garantizar la continuidad íntegra e ininterrumpida», dice la comunicación realizada por Eliance y a la que han tenido acceso nuestros compañeros, y en la que la empresa advertía de las dificultades para mantener las prestaciones contratadas ante su situación de insolvencia.
Eliance está en una situación delicada, a la espera del nombramiento de un administrador concursal, con cambios en su estructura directiva y con fondos mínimos apenas para poder afrontar los pagos esenciales.
Como resultado, la DGT ha ordenado el repliegue de toda su flota de helicópteros a Madrid, a modo de preservación. Una noticia que va en línea con la interrupción de los vuelos en diferentes bases, como la de Zaragoza, Valencia y Valladolid en días anteriores, y que ahora alcanza su punto más crítico.

El contrato de la DGT con Eliance ya había sido puesto en duda
El año pasado, en 2025, la DGT adjudicó por 51,15 millones de euros un contrato de operación al Grupo Eliance, por el cual esta empresa privada se encargaría del mantenimiento y modernización de los helicópteros Pegasus por al menos 38 meses. Justo después de una situación que también obligó a la DGT a parar sus helicópteros.
Sin embargo, como ya hemos dicho, apenas un año después la empresa ha anunciado sus problemas financieros, ocasionando una grave crisis en el servicio de vigilancia aérea en España.
En su momento, la DGT justificó la tramitación urgente de este servicio a una compañía privado por la proximidad del vencimiento de los contratos anteriores y por la situación crítica de este servicio en los últimos años, tanto a nivel de material como de personal. Un acuerdo del que Comisiones Obreras ya mostró su preocupación en el pasado reciente.
«La gravedad de abrir la puerta de entrada a estas empresas para "hacer negocio" con estas infraestructuras críticas del Estado y con estos servicios esenciales para la ciudadanía, como sucede en el caso de la patrulla de helicópteros de la DGT, patrulla con más años de servicio, por delante de la de la Policía y de la Guardia Civil, y sólo superada por la de Defensa», decía CCOO en su día en una carta dirigida al Ministro del Interior.
El propio sindicato ya había advertido también en el pasado de las dificultades económicas que atravesaba Eliance y que se sabían antes incluso de la firma del contrato con la DGT. Eliance había acumulado graves incumplimientos de pagos con otras Administraciones Públicas, con sanciones acumuladas por valor de 2,5 millones de euros con la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, en Baleares, Madrid o Extremadura.

