La DGT confió sus Pegasus por 51 millones a una empresa con incumplimientos que ahora entra en preconcurso
CCOO asegura que Eliance ha entrado en preconcurso de acreedores y que tres bases de la DGT han dejado de volar. La adjudicación de 2025 llegó después de que la operadora acumulara expedientes y penalizaciones por incumplimientos en contratos sanitarios de varias comunidades.
Los helicópteros de vigilancia de la DGT dependen de una infraestructura que va mucho más allá de las aeronaves equipadas con el sistema Pegasus. La disponibilidad de pilotos, el mantenimiento, los repuestos y los equipos de captación de imágenes son imprescindibles para mantener las patrullas en servicio. La propia Dirección General de Tráfico reconoció la vulnerabilidad de esta estructura cuando preparó su nuevo contrato de regulación y vigilancia del tráfico.
La solución elegida en 2025 consistió en concentrar buena parte de esas necesidades en un único contrato, adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Eliance Helicopter Global Services y Eliance Service & Support. El importe ascendió a 51,15 millones de euros, en una contratación que llegó después de que el primer concurso quedara desierto y que se produjo pese a los antecedentes de incumplimientos de Eliance en otros servicios públicos.
Una situación que ha cobrado actualidad después de que CCOO comunicara el 9 de octubre de 2026 que la empresa había entrado en preconcurso de acreedores. El sindicato sostiene que los helicópteros de las bases de Málaga, Sevilla y Santiago de Compostela han dejado de volar. Una denuncia que invita a examinar el historial de la adjudicataria y las condiciones en las que la DGT le confió la vigilancia aérea.
Una licitación desierta y una adjudicación sin rebaja económica
La contratación comenzó con un procedimiento abierto publicado el 15 de abril de 2025. La DGT justificó su tramitación urgente por la «criticidad de este servicio» y por la proximidad del vencimiento de los contratos anteriores. Sin embargo, el plazo de presentación de ofertas terminó sin que ninguna empresa concurriera. El organismo declaró desierta la licitación el 22 de mayo.
El presupuesto base ascendía a 51.155.803,10 euros, impuestos incluidos, mientras que el valor estimado del contrato alcanzaba los 83,24 millones al contemplar posibles prórrogas. La duración inicial se fijó en 38 meses, con la posibilidad de ampliarla hasta otros 22 meses.
La DGT recurrió entonces a un procedimiento negociado sin publicidad, una vía que la Ley de Contratos del Sector Público contempla cuando un procedimiento abierto no recibe ofertas adecuadas, siempre que se cumplan los requisitos legales. En esta segunda convocatoria se recibieron dos propuestas: una de la UTE de Eliance y otra de Bigas Grup Helicopters y Sky Helicópteros.
La documentación del expediente recoge una circunstancia relevante en la evaluación de ambas candidaturas. Eliance solicitó incorporar una adenda para corregir aspectos de su oferta técnica y la DGT admitió esa documentación. La otra UTE quedó excluida por introducir condiciones que modificaban las exigencias de los pliegos. Como consecuencia, Eliance terminó siendo la única licitadora válida.
La resolución de adjudicación, fechada el 19 de septiembre de 2025, consideró que su oferta era la más ventajosa para el organismo y para el interés general. La propuesta económica aplicó un descuento del 0 % en las partidas, de modo que el importe adjudicado coincidió exactamente con el presupuesto base: 51.140.453,94 euros antes de impuestos.
La documentación no demuestra por sí misma que se produjera una irregularidad en el procedimiento, pero sí permite plantear dos cuestiones concretas: por qué se consideró admisible la corrección técnica solicitada por Eliance y qué comprobaciones realizó la Administración sobre la capacidad de la empresa para garantizar un servicio cuya interrupción ya había sido identificada como un riesgo.
Los antecedentes de Eliance en Baleares, Madrid y Galicia
La adjudicación no se produjo en un contexto sin antecedentes. Antes de septiembre de 2025, distintas administraciones habían señalado problemas de disponibilidad de aeronaves y de cumplimiento de las condiciones contractuales en servicios gestionados por Eliance.
Uno de los episodios anteriores se produjo en Baleares. En diciembre de 2019, el Servicio de Salud autonómico anunció que iniciaba el procedimiento para resolver el contrato de transporte sanitario aéreo. La decisión llegó después de que la empresa comunicara que sus dos helicópteros no podrían cumplir, al menos hasta mayo de 2020, los requisitos para realizar vuelos instrumentales y operar con dos pilotos. El organismo también señaló retrasos en la incorporación de un avión comprometido para el servicio. El problema, por tanto, no se limitaba a una avería puntual: afectaba a condiciones técnicas exigidas en el contrato.
En la Comunidad de Madrid hubo nuevas actuaciones. Según una respuesta parlamentaria publicada por El País, el Gobierno regional había abierto 29 expedientes sancionadores a Eliance entre enero y el 1 de septiembre de 2024 por incumplimientos relacionados con la disponibilidad de los helicópteros del SUMMA 112. El contrato exigía que los dos aparatos permanecieran operativos y que, si uno fallaba, la empresa lo sustituyera en menos de 12 horas.
El 16 de mayo de 2024, durante varias horas, ninguno de los dos helicópteros estuvo disponible. Meses después, uno de ellos permaneció fuera de servicio durante varios días por una reparación que incluía el cambio de motor. La información publicada precisaba que los expedientes se encontraban en distintas fases de tramitación, por lo que no deben presentarse como 29 sanciones firmes.
El caso más reciente antes de la adjudicación de los Pegasus se produjo en Galicia. En febrero de 2025, la Xunta informó de que el 061 había iniciado 77 expedientes para investigar posibles incidencias en la prestación del servicio de helicópteros medicalizados. 16 de esos procedimientos ya habían terminado con penalizaciones, por un importe conjunto de 145.008 euros.
El 21 de marzo de 2025, la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 comunicó a Eliance la resolución del contrato de los helicópteros de Santiago y Ourense por incumplimientos reiterados. Al tratarse de un servicio esencial, la empresa tuvo que continuar operando las aeronaves hasta que pudiera entrar en funcionamiento la nueva contratación.
Este último precedente resulta especialmente relevante porque la adjudicación de los helicópteros de la DGT se produjo unos seis meses después. La existencia de esos antecedentes no implica automáticamente que Eliance estuviera incapacitada para contratar con la Administración ni demuestra que la adjudicación fuera contraria a la ley. Pero es innegable que dibuja un historial que conviene tener en cuenta al valorar la decisión de confiarle un servicio de vigilancia vial de alcance nacional.
El preconcurso reabre las dudas sobre la continuidad del servicio
La denuncia de CCOO del 9 de octubre de 2026 ha añadido un nuevo elemento al caso. El sindicato asegura que Eliance ha entrado en preconcurso de acreedores y que las aeronaves con base en Málaga, Sevilla y Santiago de Compostela han dejado de volar. También atribuye a la empresa unas pérdidas de 24 millones de euros en el último ejercicio.
Es importante matizar que el preconcurso no equivale a una declaración judicial de concurso ni significa que la empresa haya desaparecido. Lo que sí hace es permitir comunicar al juzgado la apertura de negociaciones con los acreedores para intentar alcanzar un plan de reestructuración.
También hay que distinguir la denuncia actual del sindicato de otros episodios puntuales. La participación de los helicópteros de Madrid, Zaragoza y Valladolid en el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre respondió a una circunstancia concreta de esa jornada y no debe confundirse con la supuesta paralización de las bases denunciadas por CCOO.
El expediente de contratación contemplaba una garantía definitiva del 5 % y obligaciones relacionadas con los medios humanos y técnicos comprometidos. La memoria justificativa de la DGT también reconocía que la antigüedad de los sistemas, la obsolescencia de componentes y las dificultades para acceder a repuestos podían comprometer la operatividad de la unidad.
Quedan, por tanto, cuestiones que la Administración haría bien en aclarar: el estado real de las aeronaves de cada base, las actuaciones de seguimiento del contrato y las medidas previstas para garantizar la continuidad de la vigilancia aérea.
La DGT justificó la contratación por la necesidad de asegurar un servicio crítico. Los antecedentes de Eliance en otros contratos públicos y la denuncia actual de CCOO hacen necesario comprobar si las garantías previstas están siendo suficientes para mantenerlo operativo.
