Presentado el Plan Extraordinario de Infraestructuras 2017-2021, con 5.000 millones para carreteras

  • El Gobierno de España anuncia una inversión en carreteras de 5.000 millones de euros.
  • Se prevé la creación de 189.200 puestos de trabajo.
  • Elige un modelo público-privado, sin cabinas de peaje, en el que el Estado pagará la manutención a las empresas concesionarias.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la presentación a los medios del Plan extraordinario

La red de carreteras española necesita inversiones para paliar muchos defectos, pero la inversión en mantenimiento y nuevos tramos está por los suelos debido a la crisis y a las limitaciones presupuestarias del Estado. Hasta mayo no se ha licitado ningún contrato en infraestructuras viarias, recuerda la agencia Europa Press.

Para poder llevar a cabo las obras necesarias, sin que computen como déficit ni como deuda, es un modelo nuevo público-privado. El Gobierno invertirá en diferido 5.000 millones de euros en carreteras, es decir, lo pagará más adelante, las empresas constructoras y concesionarias adelantarán el dinero.

Hasta el año 2021 se va a trabajar en más de 20 corredores, abarcando 2.000 kilómetros de vías. Sabremos cuáles son más adelante, pues de momento solo se ha anunciado parcialmente el nuevo Plan. Las concesionarias solo cobrarán cuando terminen las obras, el Estado pagará su mantenimiento sin colocar ni una cabina de peaje más.

A diferencia el peaje en la sombra, en el que la Administración paga por volumen de tráfico y tiene circulación sin barreras, el Estado pagará a las concesionarias siempre y cuando se mantenga la disponibilidad y calidad de las vías. De esta forma se da una motivación adicional a las constructoras para que hagan su trabajo de forma más eficiente.

Cada año se desembolsarán en mantenimiento 350 millones de euros, que corresponden al 20% del presupuesto del Ministerio de Fomento a día de hoy. Otra de las fuentes de financiación será la banca y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), de aquí saldrá hasta el 80% del dinero, el 20% restante de las constructoras.

Las obras tendrán como objetivo eliminar puntos de concentración de tráfico elevado o cuellos de botella, mejorar la seguridad de las vías y asegurar que se cumplen las diferentes normativas medioambientales. Cada actuación pasará una evaluación de sostenibilidad y de impacto medioambiental.

Autopista AP-7 - Fotografía: Jorge Franganillo (Flickr) CC BY

Un motor de creación de empleo

La cifra de 189.200 puestos de trabajo que se van a crear tenemos que desglosarla por partida doble. Según los cálculos del Gobierno, se crearán en la fase de construcción 48.000 empleos directos, 30.000 indirectos y 72.000 inducidos. En la etapa de manutención -30 años- se crearán otros 39.200 puestos de trabajo.

De esos 39.200 empleos, 12.000 serán directos, otros 8.000 indirectos y 9.200 serán inducidos. Todo esto causará, de acuerdo a fuentes gubernamentales, un retorno fiscal de unos 3.000 millones de euros en concepto de impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc.

El Plan inducirá 9.600 millones de euros de actividad económica

El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), Julián Núñez, se muestra a favor del plan y cree que es "muy positivo", aunque sean las empresas las que adelanten el dinero de las nuevas vías o la reforma de las ya existentes. Seopan lleva años reclamando inversión en carreteras.

De esta forma, el Gobierno consigue quitarse una preocupación de encima sin aumentar el déficit, ya que la economía española no puede asumir los 5.000 millones de inversión sin endeudarse más. A efectos de Bruselas es un detalle importante, además, el riesgo de la construcción es para las constructoras.

Sin embargo, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) considera que el Plan se queda corto en al menos 1.600 millones de euros más, y eso para actuaciones que consideran urgentes. Los transportistas exigen que se solucionen puntos negros (de alta siniestralidad), más conexiones intermodales o la inversión en zonas críticas como la variante de Pajares.

En cuanto a los conductores, nos libramos de la amenaza de tener que pagar por kilómetro recorrido en algunas vías, dada la elevada carga fiscal que soportamos en forma de múltiples impuestos. Bajo esta fórmula, las empresas concesionarias tenderán a acortar los plazos de las obras y tener las carreteras en buen estado, de lo contrario, se cerrará el grifo de dinero público.

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