Estados Unidos abre la caja de Pandora con el Start & Stop: posibles juicios y un lío mayor en camino
La decisión de la EPA y de Donald Trump viene casi un año después del primer aviso de su administrador Lee Zeldin, acabando con la necesidad de algo odiado por un país muy 'petrolero'.
Allá por mayo de 2025, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) Lee Zeldin ya avisaba de su intención de acabar con una de las funciones más polémicas de tiempos recientes. Nos referimos al 'Start & Stop', tan relacionado con la normativa cuyo fundamento científico destrozaron con su revocación del pasado jueves 12 de febrero.
Resulta hasta cierto punto irónico que sea en Estados Unidos donde más traten de acabar con este sistema al que nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo, con sus más y sus menos. Y es que precisamente la idea nació precisamente de una necesidad que tiene mucho que ver con la historia del automóvil en Estados Unidos.
El Start & Stop precisamente tiene su origen en Estados Unidos
Podemos pensarnos que el botón Start & Stop es algo moderno... pero Toyota, precisamente en Estados Unidos, ya lo implementó en 1974. El Toyota Crown incorporaba un interruptor con el que parar el motor de seis cilindros en línea, reiniciándose para retomar la marcha. Según los cálculos de la época, ahorraba un 10% de combustible, algo importante ya que este coche llegó en plena crisis del petróleo en EEUU.
Más tarde, Volkswagen también ideó un sistema similar, además del Fiat Regata ES ya en la década de los ochenta. Ahora bien, no fue tanto la propia evolución tecnológica sino más bien las políticas medioambientales las que llevaron a que el Start & Stop estuviera en la gran mayoría de vehículos de la última década - y, en el caso de Estados Unidos, a que las marcas obtuvieran créditos regulatorios.
Un sistema con sus pegas, sobre todo de desgaste mecánico
Ya en otras ocasiones hemos hablado del polémico Start & Stop y cómo, pese a sus beneficios claros, puede tener puntos negativos para distintas partes del coche, comenzando por el motor en sí y el motor de arranque. Tampoco le hace flaco favor al turbocompresor, en aquellas situaciones en las que se pare la lubricación antes de que las turbinas dejen de funcionar, teniendo en cuenta que pueden girar a unos 900º C.
Lo que la administración Trump ha anunciado a bombo y platillo es, en definitiva, una respuesta a una idea de su masa electoral. Una idea de cargarse algo que molestaba a 'su público', pese a que técnicamente no les costaba nada o virtualmente nada, aparte de poderse desconectar manualmente con un botón (eso sí, cada vez que arrancan el vehículo ya que los fabricantes lo programan para que esté activo de manera predeterminada).
Un coste de más de 11.350 litros de gasolina anuales
Se cargan un sistema que, de media anual, ahorra a nivel global unos 3.000 millones de galones de combustible - es decir, 11.356 litros de gasolina - cada año. A nivel de emisiones, hablamos de 30 millones de toneladas de CO2, siendo Estados Unidos uno de los grandes contribuidores a las emisiones de gases de efecto invernadero - sobre todo en sectores como el transporte.
Dejando a un lado los efectos del aumento de las ppm de CO2 en la atmósfera y de la cada vez mayor asiduidad de desastres naturales con respecto a épocas pasadas (desastres que, por otro lado, suponen muchos más millones de euros de lo que ahorran las medidas del gobierno norteamericano). Esta por ver cómo reaccionarán los fabricantes de coches, dirigidos de todos modos a un futuro eléctrico, pero que incluso en un mercado donde los BEV son minoría no deja de crear incertidumbre.
Líos legales que podría causar en el futuro
Como era de esperar, muchos han sido los que se han posicionado en contra de la decisión del gobierno norteamericano, incluso (o especialmente) entre sus terrenos. Expertos de la Universidad de Washington han comparado sus declaraciones con insinuaciones de que la tierra sea plana o que se niegue la existencia de la gravedad.
De hecho, esta situación puede dar lugar a acciones legales por parte de los diferentes estados - particularmente de California. Incluso se prevé la posibilidad de que, en lugar de haber una norma federal que regule la medición de los gases contaminantes, exista una especie de estándar 'a retales' con normativas regionales y estatales.