Stellantis avisa de la pasividad de España y del riesgo social del coche eléctrico

Se puede decir de muchas maneras, pero pocas serán más claras como la que ha elegido Carlos Tavares, CEO de Stellantis, para describir la situación actual de España en una transición al coche eléctrico que, además, considera que no ha sido más que una maniobra política.

Y es que, como el propio Tavares señala, «en las últimas décadas, España ha buscado y conseguido tener un fuerte desarrollo industrial, se ha convertido en el segundo productor de automoción de Europa, por detrás de Alemania, pero por delante de Italia y Francia. El Estado, las empresas y los sindicatos han logrado trabajar juntos».

«La electrificación es la tecnología elegida por los políticos, no por la industria»

Sin embargo, la transición al coche eléctrico ha forzado a la industria, los fabricantes y las administraciones a reinventarse y adaptarse, proceso en el que el Gobierno español se está quedando atrás, afirma Tavares.

«La pregunta a la que se enfrenta España es: ¿quiere perder lo que ha conseguido en los últimos 20 o 30 años? ¿O quiere que sea fructífero? Esto obviamente depende mucho de la velocidad y la dinámica que el gobierno español quiera estimular. Si no se mueve rápido, ese trabajo corre el riesgo de perderse porque las cosas van muy, muy, muy rápido», alerta el dirigente del entramado empresarial resultante de la fusión entre FCA y PSA.

La fábrica de baterías

Uno de los aspectos clave que cada gobierno debe afrontar es asegurarse de que recibe una parte del pastel derivado de la conversión.

Esto se traduce en la conservación y adición de puestos de trabajo a través de inversiones destinadas a adaptar las fábricas existentes al coche eléctrico, o la construcción de nuevos centros como los que deben fabricar baterías para este tipo de movilidad.

Fran Valle ha probado uno de los coches eléctricos más esperados: el Hyundai Ioniq 5.

Pero España -afirma Tavares- no está haciendo los deberes y corre el riesgo de no hacerse con la fábrica de baterías de Stellantis, entre otras. «España no es uno de los estados europeos que se han movido rápido. También vemos que en España la proporción de ventas de vehículos eléctricos es menor que en otros lugares. Puede haber más aprensión pública. El plan de recuperación europeo está ayudando a España y Stellantis está bastante abierto a discutirlo con el gobierno español. Pero por el momento, no hemos sido solicitados por el gobierno», desvela.

Actualmente, Stellantis tiene confirmadas fábricas de baterías en Douvrin (Francia), Kaiserslautern (Alemania) y Termoli (Italia). Además, el consorcio también contará con dos gigafactorías en Norteamérica, una que irá de la mano de LG Energy Solutions y otra que se desarrollará junto a Samsung SDI.

Un capricho político con impacto social

Pero Tavares no se ha limitado a analizar la situación de España en el panorama actual, sino que ha señalado a los políticos como principales causantes de una transición forzada por fines ajenos a las necesidades de la industria.

«La electrificación es la tecnología elegida por los políticos, no por la industria. Había métodos más baratos y rápidos para reducir las emisiones que este. El método elegido no permite que los fabricantes de automóviles sean creativos al traer diferentes ideas de electrificación. Pero es una elección política», reitera.

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Una decisión que no sólo provoca desequilibrios en la industria, sino que amenaza con impactar en la sociedad a consecuencia del incremento de los costes derivados del coche eléctrico.

«Existe el riesgo de que la clase media quede excluida si no reducimos nuestros costes. Pero también son las nuevas tecnologías las que hacen subir los precios, especialmente las tecnologías eléctricas, que son un 50% más caras que las tecnologías térmicas», explica Tavares.

«Es evidente que si prohibimos, como se ha decidido, la venta de vehículos térmicos a partir de 2035 en Europa, tendremos que empezar a transformar muy rápidamente todas las fábricas. La brutalidad del cambio es lo que crea el riesgo social», concluye.

Fuente: Les Echos