Transparencia exige a Interior que publique los informes internos de la DGT sobre la baliza V16 que denegó sin justificación

La baliza V16 acumula cinco meses de obligatoriedad y una polémica que no remite. Ahora llega un nuevo frente: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado al Ministerio del Interior a entregar información interna que la Dirección General de Tráfico (DGT) había denegado a un ciudadano sin ofrecer, según el propio Consejo, justificación suficiente.

La resolución, estimada el 27 de abril y firmada bajo la presidencia de María de la Concepción Campos Acuña, que ostenta el cargo desde hace algo más de un mes, fija un plazo máximo de diez días hábiles para que el Ejecutivo entregue esa documentación.

Entre lo exigido figuran «cualquier informe o documento interno de la DGT relacionado con la implantación de la V16 y su relación con la seguridad vial», así como los informes de laboratorios acreditados sobre el cumplimiento de requisitos técnicos establecidos en el Real Decreto 159/2021.

Lo que la DGT denegó y por qué no convence

La actuación de Tráfico ante las solicitudes de información merece un análisis. En el primer punto, la DGT calificó sus propios documentos internos como «de carácter auxiliar o de apoyo» para así eludir la obligación de entregarlos, pero sin ofrecer ninguna justificación expresa y detallada que respaldara esa calificación. Algo que el Consejo rechaza alegando que no puede considerarse información auxiliar aquella que haya tenido relevancia en la toma de decisiones públicas.

En el segundo punto, Tráfico se limitó a señalar que los certificados de cumplimiento estaban disponibles en su web, sin aclarar si los informes de ensayo que los sustentan existen, si obran en su poder y sin facilitar siquiera el enlace directo. La respuesta del Consejo de Transparencia es igualmente nítida: «No puede obviarse que lo pretendido no es el acceso a certificados de cumplimiento, sino a los informes emitidos por los laboratorios acerca de los requisitos técnicos de la V16».

«Cierto estancamiento» y una campaña de impulso

La resolución llega en un momento en que el propio Pere Navarro, director general de la DGT, admitió esta semana ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso que las ventas de la baliza acumulan «un cierto estancamiento» motivado por «incertidumbre», que atribuyó a las denuncias del PP en Bruselas.

Un dato que contrasta con el optimismo oficial de meses anteriores y con las 128 multas impuestas en los dos primeros meses de vigencia de la obligación —enero y febrero—, que generaron una recaudación total de apenas 10.240 euros sobre un parque de más de 34 millones de vehículos.

Para contrarrestar esa inercia, el organismo prepara una campaña de impulso que busca normalizar el uso del dispositivo, que registra en torno a 2.500 conexiones diarias en las carreteras españolas. Navarro insiste en que la baliza «ha venido para quedarse», aunque la oposición sigue cuestionando la ausencia de informes técnicos independientes que respalden el sistema.

Más allá de la campaña, el problema de fondo no desaparece con publicidad. El mercado de las V16 generó, desde su implantación, una cadena de controversias: balizas vendidas como homologadas que carecían de conectividad, un centenar de los cerca de 300 modelos certificados en manos de Limburg Technology, empresa vinculada a Yumma Tianlong, una matriz china que constituyó una red de más de 9.000 empresas fantasma sobre las que pesan acusaciones de blanqueo de capitales y estafa en varios países, y homologaciones que la DGT siguió concediendo a esa misma empresa incluso después de que las autoridades británicas la advirtieran por irregularidades en su sede social en 2024.

Una opacidad que ahora tiene nombre y plazo

No cabe duda de que la resolución del Consejo de Transparencia no tumba la obligatoriedad de la baliza V16 ni pone en entredicho su utilidad teórica como sistema de preseñalización. Lo que hace es algo más incómodo para la administración: poner por escrito que la DGT denegó información relevante sin justificarlo, y que esa opacidad es contraria a la ley.

El Ministerio del Interior tiene diez días hábiles para entregar lo que hasta ahora ocultó. Lo que esos informes digan —o no digan— sobre la seguridad vial, los ensayos técnicos y las decisiones que condujeron a uno de los cambios normativos más polémicos de los últimos años en las carreteras españolas determinará si la transparencia llega de verdad o solo en papel.