¿Se irán los fabricantes relacionados con el Dieselgate de rositas? Parece que no

Faltan unos pocos meses para el tercer aniversario del estallido del caso Dieselgate y en la Unión Europea hay movimiento. Los fabricantes van a tener que afrontar las consecuencias de años de engaños y malas decisiones que nos han llevado al principio del fin del diésel.

Poco a poco, los fabricantes de coches empiezan a estar arrinconados por las autoridades a nivel europeo o nacional. La presión sobre la industria está creciendo a raíz del escándalo de emisiones que inició -sin quererlo- Volkswagen a raíz de un estudio del ICCT en 2014. La caja de Pandora está próxima a abrirse.

A día de hoy, la Unión Europea se ha visto con pocos instrumentos para forzar una compensación a los consumidores defraudados o para que los fabricantes corrijan el problema que ellos mismos han creado. La pelota está en el tejado de cada estado miembro, y cada uno funciona a su manera, especialmente si tiene fabricantes afincados en su suelo.

En el caso concreto de Alemania, se ha allanado el camino para que los jueces y ayuntamientos puedan imponer restricciones a la circulación o prohibiciones para los vehículos más contaminante, fundamentalmente los diésel Euro 5 o anteriores. En este país hablamos de 15 millones de turismos, ahí es nada.

Una salida para estos coches, para evitar que pierdan más valor, está siendo mandarlos a Europa del Este, donde está aumentando la importación de vehículos originarios de la parte occidental. No solo vienen de Alemania, también de Italia. ¿Y los que se queden en Alemania? Tendrán que ser reformados para seguir circulando.

Antes de que acabe el año tendrán que ser actualizados a nivel de centralita más de 5 millones de turismos para recortar las emisiones hasta un 30%, y eso según fuentes de la industria. Entidades ecologistas como Deutsche Umwelthilfe (DUH) dudan sobre ese porcentaje de reducción sin afrontar reformas más dolorosas: a nivel de escape y desmontando cosas.

Ese tipo de modificación sería más eficaz, la duda es quién ha de pagarlo, si los fabricantes, los dueños, ambos, etc. La canciller alemana, Angela Merkel, no está por la labor de que los fabricantes paguen el pato. A estas alturas no sorprende a nadie que el Gobierno de Alemania esté cercano a su queridísima industria, una de las de mayor valor de exportación y con 800.000 empleos a su cargo.

Los socios de Gobierno de Angela Merkel, los socialdemócratas, no están tan cercanos a la industria y pueden acabar presionando a la democristiana para que no ceda tanto. Recordemos que la industria del motor alemana ha retrasado todo lo que ha podido mayores exigencias a nivel de la UE, ya que Alemania es el país más poblado y con más peso en la Eurocámara.

La industria alemana tiene que reinventarse y apostar por la electromovilidad antes de que se los coman vivos los chinos o los americanos. Pero también ha de resolver parte del problema creado, las emisiones de óxidos de nitrógeno de los diésel están fuera de control, incluso en modelos Euro 5, y en menor medida en los Euro 6.

Para la vicecanciller y ministra de Economía, Olaf Scholz, los contribuyentes no son los culpables, tampoco los propietarios; a fin de cuentas, compraron esos coches de buena fe. Mientras tanto las ventas de nuevos diésel en Alemania sigue bajando pese a las ofertas de las marcas, que incluyen en algunos casos la recompra en caso de restricciones de circulación que afecten a sus clientes.

A todo esto, la Unión Europea está preparando mecanismos para que las asociaciones de defensa de los consumidores puedan hacer más presión contra los fabricantes, aunque sin llegar al nivel de las demandas colectivas que tanto éxito han cosechado en Estados Unidos. La propuesta de la Comisión Europea tiene aún que aprobarse en la Eurocámara.

Bajo esta reglamentación, si queda acreditado que una gran empresa ha fastidiado a sus clientes, podrá recibir una multa del 4% de su facturación anual. Puede parecer poco porcentaje, pero si hablamos de una automovilística, es muchísima pasta. No habrá un palo de decenas de miles de millones de euros, como en EEUU, pero las cosas cambiarán si esto sale adelante.

Las asociaciones de defensa de los consumidores ya se han movido previamente para denunciar comportamientos poco éticos (o nada éticos) de la industria. Cada estado miembro tendrá que colaborar para que las reclamaciones lleguen a buen puerto y no vuelva a suceder algo así en Europa.

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