Fomento aplaza el conflicto entre taxistas y VTC hasta 2022

El Ministerio de Fomento ha cedido ante parte de las exigencias del colectivo de los taxistas, poniendo más pegas a la forma en la que los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) venían funcionando hasta ahora. El problema se traslada a las CCAA y los ayuntamientos.

El Gobierno ha preferido no tener más enfrentamientos con los taxistas

De poco sirvió la jornada de movilización de ayer por parte de las empresas de VTC y sus trabajadores, que principalmente viven del negocio que les proporcionan Cabify y Uber en régimen de comisión. Durante cuatro años se irán cambiando las reglas del juego.

El Real Decreto-ley, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor está a punto de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, entrar en vigor. Al ser un RD Ley, el Gobierno puede aprobarlo provisionalmente antes de ser convalidado por el Congreso de los Diputados.

El Gobierno tiene 30 días para lograr una mayoría simple en el Congreso para que el RD Ley quede convalidado

En primer lugar, las autorizaciones de arrendamiento -o comunmente conocidas como licencias- de ámbito estatal seguirán funcionando como hasta ahora, eso sí, en desplazamientos interurbanos: de una población a otra. Para la prestación de servicios urbanos hará falta una autorización o licencia de ámbito local a partir de 2022. Esta autorización puede ser denegada, por lo que los VTC serían prohibidos allí.

De esta forma, el Gobierno central le pasa la patata caliente a las CCAA, convirtiendo un problema en 17, al amparo del artículo 149.1.21ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre los transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. De lo demás, se desentiende.

Los trayectos que transcurran dentro de una comunidad autónoma serán compentencia de la misma. Hay un periodo de cuatro años para hacer la transición entre este modelo y el vigente. Al pasar el problema a las CCAA, estas podrán regularlo a su parecer.

También pueden desentenderse del tema y no asumir la competencia, por lo que solo aplicaría el criterio estatal: trayectos interurbanos

¿Y qué podrán cambiar? Según el RD Ley: "condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del vehículo." Eso significa condiciones más duras -o más blandas- según el territorio. En castellano: inseguridad jurídica, porque hasta podrán intervenir en los precios.

Fotografía: César (Flickr) CC BY SA

Dicho en otras palabras, una comunidad autónoma puede relajar los requisitos para los VTC a sabiendas de que contará con la oposición del gremio de los taxistas. En el sistema vigente es el Estado el que impone esos límites. El límite 1/30 podría forzarse a nivel local, ya que a nivel estatal es imposible cumplirlo.

Otra restricción que impone la nueva regulación, concretamente en el artículo 91.2, es que "los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor deberán iniciarse en el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentre domiciliada la correspondiente autorización." Entiéndase como el origen donde se recogen los pasajeros.

Los VTC podrán realizar, previa autorización, servicios en otras CCAA de forma temporal, con un límite del 20 % de los servicios

Como excepción a esa regla, se podrán recoger viajeros en puertos y aeropuertos, previa autorización, aunque no estén en la misma comunidad autónoma, pero el destino debe estar en la misma que dio la autorización. Todo esto limita la actividad de los VTC, si bien es cierto que los taxistas tienen limitaciones parecidas. Además, habrá medios telemáticos para comprobar que los VTC cumplen estas reglas, o habrá sanciones para ellos.

¿Y qué pasa si los dueños de las autorizaciones de VTC consideran que todo esto les perjudica y que van a perder dinero? El Gobierno ha previsto un mecanismo de indemnización, para lo cual deberá justificarse que efectivamente va a producirse dicha pérdida, con un plazo para reclamar de tres meses a partir de ahora. La indemnización no será dineraria, simplemene alargará la vigencia de la autorización no más allá de 2024.

Obviamente este RD Ley no ha sentado nada bien en el sector VTC, que se ha pronunciado en estos términos: "Unauto VTC considera que el Decreto-Ley del Gobierno cede al chantaje del taxi."

Quien considere que la palabra "chantaje" es excesiva, debería leer la exclusiva de El Español: "Los taxistas coaccionan al Gobierno: 'Hemos agarrado de las pelotas a quien había que agarrar en el Ministerio'". Las palabras han sido presuntamente pronunciadas por el secretario general de Élite Taxi en Madrid, Sergio Vega, en unas conversaciones de WhatsApp.

Unauto VTC no ha anunciado movilizaciones en contra de esta medida, tras haber desconvocado la movilización prevista para hoy viernes, tras la manifestación de ayer en el Paseo de la Castellana de Madrid. Eso sí, buscará una compensación en los tribunales por considerar el RD Ley lesivo para sus intereses.

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