Figueruelas entra en la era de las baterías: Stellantis y CATL preparan una fábrica con 111.067 toneladas de residuos peligrosos al año

Stellantis y CATL tienen luz verde ambiental para que su gigafactoría de Figueruelas genere hasta 111.067 toneladas de residuos peligrosos al año, más que el máximo histórico de toda Aragón. La resolución también fija el consumo de agua y energía de la planta.

Figueruelas entra en la era de las baterías: Stellantis y CATL preparan una fábrica con 111.067 toneladas de residuos peligrosos al año
Stellantis y CATL preparan una megafactoria

Publicado: 13/08/2026 07:30

5 min. lectura

Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad conjunta al 50 % entre Stellantis y CATL, ya cuenta con el visto bueno definitivo para que su gigafactoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza) opere con un límite muy elevado de residuos peligrosos.

Según la resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), fechada el 22 de julio, la planta podrá generar hasta111.067 toneladas anuales de este tipo de residuos una vez alcance su capacidad máxima. Se trata de una instalación que se suma a la fábrica de baterías LFP que Stellantis y CATL anunciaron hace casi dos años para el polígono de Entrerríos, junto a la planta de vehículos que la marca ya opera en la localidad.

La cifra no es menor: supera el máximo histórico que ha registrado en un solo año el conjunto de Aragón, 106.132 toneladas en 2021, y también el último dato publicado por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), correspondiente a 2022, con 97.762,6 toneladas generadas en toda la comunidad.

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Conviene matizar que el volumen autorizado a CSE es un tope máximo de la resolución, no una medición real: la planta operará por fases hasta 2029 y todavía no ha alcanzado su producción plena.

Un disolvente concentra más de la mitad del total

El documento de INAGA detalla residuo por residuo qué generará la fábrica. El grueso corresponde a un único compuesto, el NMP (N-metil-2-pirrolidona), un disolvente empleado en la fabricación de electrodos de baterías de litio: su volumen autorizado es de 60.560 toneladas al año, más de la mitad de las 111.067 toneladas totales.

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Le siguen los cartuchos colectores de polvo (15.600 toneladas), los restos de pilas y celdas desechadas durante la fabricación (12.901 toneladas) y los aceites minerales y grasas (6.480 toneladas). En conjunto, nueve categorías de residuos concentran el 97 % del total autorizado para la planta.

La resolución también modifica la autorización ambiental de la planta de vehículos que Stellantis opera en el mismo polígono, donde se fabrican el Opel Corsa, el Peugeot E-208 o el Lancia Ypsilon eléctricos. Esa instalación tiene autorizadas 3.727 toneladas de residuos peligrosos al año, casi treinta veces menos que la nueva gigafactoría de baterías.

Factoría de coches
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Agua, energía y cuatro fases hasta 2029

La resolución fija además el consumo de agua de la planta en hasta 1.048.562 metros cúbicos al año, suministrados desde las propias instalaciones de Stellantis España, y un consumo energético total de 1.207 GWh al año, cubierto mediante un mix de renovables solares y eólicas de 600 MW.

La gigafactoría, con celdas prismáticas de química LFP, se desplegará en cuatro fases hasta marzo de 2029, cuando está previsto que entre en marcha su segunda planta de fabricación de celdas y alcance los 50 GWh anuales de capacidad, repartidos entre seis líneas de celdas y nueve de módulos.

El proyecto, conocido internamente como Proyecto TORO, convive en Zaragoza con el taller de ensamblaje de baterías que Leapmotor ha puesto en marcha en Mallén, otra pieza del mismo ecosistema industrial impulsado por Stellantis en la provincia.

Fábrica de coches
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Respaldo municipal, con una alegación descartada

Los ayuntamientos de Figueruelas y Pedrola, los dos municipios sobre los que se levanta el complejo, respaldaron el proyecto durante su tramitación por el empleo y el impulso económico que representa para la comarca. Solo el Ayuntamiento de Plasencia de Jalón presentó alegaciones sobre las infraestructuras energéticas asociadas, pero llegaron fuera de plazo y el INAGA las dejó fuera del expediente.

La resolución no se limita a autorizar residuos: también permite a CSE operar su propia instalación de tratamiento, capaz de procesar hasta 27,72 toneladas al año de restos de ánodo mediante oxidación térmica, un proceso pensado para neutralizar un material considerado potencialmente reactivo y reducir así el riesgo de incendio antes de enviarlo a valorización.