FCA podría haber tenido conocimiento de su propio Dieselgate allá por 2010

Según avanza el proceso judicial en Estados Unidos contra Fiat Chrysler Automobiles por su participación en el Dieselgate, la empresa está en una situación más difícil de sostener. Hay testimonios registrados en el sumario que demostrarían que FCA sabía que sus motores EcoDiesel hacían trampas.

Dodge RAM 1500 EcoDiesel

Fiat Chrysler Automobiles se enfrenta a graves consecuencias si la justicia en Estados Unidos consigue demostrar que hizo lo mismo que Volkswagen: violar la normativa ambiental (Clean Air Act). Presuntamente, FCA implantó en las centralitas de los Jeep Grand Cherokee y RAM 1500 con motores 3.0 EcoDiesel para detectar pruebas de homologación.

Una vez que se ha hecho eso, los motores pueden afanarse en tener unas emisiones muy limpias, al menos mientras duran esas pruebas. Una vez en las calles, sin detectar dicha circunstancia, contaminan mucho más de lo permitido. No informar a las autoridades (EPA y CARB) de eso supone una violación legal.

Los problemas legales de FCA al respecto de este asunto comenzaron en 2017, cuando la empresa fue acusada tanto por miles de clientes defraudados (con una demanda colectiva) como por el Departamento de Justicia, y por el mismo motivo a fin de cuentas: otro Dieselgate, por resumir.

FCA también es sospechosa de manipular en Europa las emisiones de los motores MultiJet: Alemania e Italia discrepan sobre ello

Según documentos del sumario del pleito colectivo, se han revelado unas conversaciones por email entre empleados de FCA y de proveedores de motores diésel, tanto VM Motori como Bosch. En esos correos se advierte de la existencia de programaciones ocultas que pueden originar problemas legales si eran descubiertos.

VM Motori pertenece a Fiat parcialmente desde 2011, y totalmente desde 2013

La programación en cuestión se denominó "t_engine" en esas comunicaciones. Presuntamente, esa programación detecta un ciclo de homologación, por lo que las emisiones reales quedan maquilladas. Es más, el consumo también, superior en circunstancias de uso real, lo cual implica un fraude hacia el consumidor.

En Estados Unidos se comercializaron unas 100.000 unidades de los mencionados Jeep y RAM con el motor 3.0 EcoDiesel. El alcance del fraude sería, más o menos, cinco a seis veces más pequeño que el cometido por Volkswagen. Recordemos que Volkswagen de momento tiene una factura a consecuencia del escándalo de más de 25.000 millones de euros, ¡mucho dinero, pero solo en EEUU!

Extracto de la página Web de FCA sobre el motor 3.0 EcoDiesel

El fabricante se defiende argumentando que no se pueden sacar conclusiones precipitadas de comunicaciones internas y que están haciendo su propia investigación. FCA añade que nunca tuvo la intención de defraudar a las autoridades instalando programaciones ocultas en sus motores para violar la ley.

Por otra parte, si realmente hicieron eso, tendrán que mantener su posición el máximo tiempo posible. En las comunicaciones internas los empleados de FCA decían que no había que preocuparse por esas cosas o que es no era una programación tramposa. Le tocará a los jueces decidir qué interpretación es más "realista".

Los fabricantes están autorizados a utilizar controles en el software que gestiona las emisiones y el rendimiento de los sistemas anticontaminación. La ley permite desconectarlos temporalmente para proteger el motor, no desconectarlos fuera de ciclos de homologación. A Volkswagen le cayó un paquete precisamente por eso.

Jeep Grand Cherokee S (versión europea)

En general, varios fabricantes con modelos de motor diésel que contaminan mucho más de lo que deberían se acogen al comodín de desconexiones selectivas de los controles de emisiones. Las razones pueden ser diversas: temperatura, carga, velocidad... o incluso tiempo que lleva el motor funcionando.

De momento los fabricantes que no son Volkswagen han salido del atolladero por este motivo técnico, pero si la justicia en Estados Unidos decide que no es un motivo técnico, sino un fraude, las consecuencias económicas serán bastante negativas. Y no solo hay que hablar de sanciones, sino de que los responsables puedan acabar en prisión.

Serían culpables todos aquellos empleados que, sabiendo que había programaciones tramposas, no avisaron a las autoridades competentes. También serían culpables aquellos que dieron instrucciones para que sus coches defraudasen a los consumidores y a las autoridades reguladoras. Habría condenas para personas, y para la empresa.

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