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Europa saca tarjeta amarilla a España por no cumplir con la normativa de vehículos eléctricos

La Comisión Europea ha emitido un documento de infracción al Gobierno de España por no estar cumpliendo con los objetivos marcados en materia de contratación pública y movilidad sostenible.

Europa saca tarjeta amarilla a España por no cumplir con la normativa de vehículos eléctricos
Europa le pide a España que espabile con la implementación de los acuerdos relativos a movilidad eléctric

4 min. lectura

Publicado: 13/10/2021 20:30

Mientras los Gobiernos, incluido el de España, llevan tiempo colocando a la industria del motor en una delicada situación a consecuencia de sus agresivas políticas de introducción del coche eléctrico en la movilidad, el transporte público o relacionado con las administraciones no está siendo capaz de seguir el ritmo marcado por la Unión Europea.

Al menos en España, pues desde Bruselas se ha emitido un documento de infracción en el que se hace notar la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con los acuerdos alcanzados por la Unión Europea. Y es que la carta de emplazamiento, dirigida al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), recuerda al ejecutivo que no está aplicando adecuadamente la normativa europea en lo relativo a la promoción de vehículos movidos por energías verdes, principalmente los eléctricos.

De persistir el incumplimiento de dicha normativa, Bruselas podría dictar sanciones

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La legislación aprobada por la Unión Europea pretende impulsar la adquisición de automóviles de bajas o nulas emisiones como autobuses interurbanos, coches destinados al transporte de autoridades, vehículos de recogida de basuras y servicios postales, entre otros. Todo con la intención de mejorar la calidad del aire, especialmente en las ciudades y áreas más contaminadas.

En dicha legislación, que data del 11 de febrero de 2019, se alcanzó un acuerdo provisional conjunto entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo. La votación del Parlamento Europeo tuvo lugar el 18 de abril de 2019. Desde su publicación, los Estados miembros disponían de un plazo de dos años para adoptar disposiciones nacionales, debiendo también informar a la Comisión sobre la aplicación de las normas cada tres años.

El texto incluye también una nueva definición de «vehículo limpio», basada en normas sobre emisiones de CO2, con un umbral de cero emisiones de CO2 a partir de 2026. De igual modo, la definición de los vehículos pesados limpios se basa en el uso de combustibles alternativos y, además, hay objetivos secundarios para los autobuses de cero emisiones.

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España, rezagada

Con la mencionada carta de emplazamiento, la Comisión Europea le recuerda a España que no está instaurando la ley, es decir, que no está cumpliendo los objetivos marcados por el calendario. De persistir el incumplimiento de dicha normativa, Bruselas podría dictar sanciones, algo que ya ha ocurrido anteriormente con asuntos como la reforma de la Ley de Protección de Datos o la falta de independencia de Adif y Aena.

Este retraso en la aplicación de las normativas que deben impulsar la renovación del parque móvil de las administraciones públicas se une al que el propio sector acumula en el sector de vehículos privados.

Recientemente, informábamos de la situación que vive España en este sentido, ya que el ecosistema de nuestro país no es propicio a consecuencia de una red de suministro insuficiente, entre otras cosas, además de una lenta o nula puesta en marcha de las políticas de impulso para la movilidad sostenible y las energías renovables aprobadas por este mismo Gobierno.

Fuente: La InformaciónFotos: Freepik

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