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El decreto "anti VTC" de Cataluña es reversible

Desconvocado ya el cierre patronal de los taxistas en Madrid, después del fin del cierre en Barcelona, hay dos modelos de convivencia entre VTC y taxistas. El modelo catalán de espera mínima no le convence al regulador de la competencia en esa comunidad autónoma. Puede ser copiado por la Comunidad Valenciana.

En Cataluña y País Vasco ha triunfado una espera mínima para pedir un VTC, no así en Madrid. La presión de los taxistas funcionó en esos dos territorios, para pedir un VTC hay que esperar un mínimo de 15 minutos, en Euskadi una hora. Esto último es novedad de la semana, pero no ha hecho tanto ruido al no tener presencia allí ni Uber ni Cabify.

El modelo catalán establece una espera mínima de 15 minutos para contratar un VTC, no les permite estacionar en la calle ni usar la geolocalización. Los ayuntamientos podrán elevar ese plazo como vean conveniente, aunque ya hay consecuencias prácticas, Uber y Cabify cesaron sus operaciones allí tan pronto entró en vigor el decreto de la Generalitat.

En condiciones normales ese decreto tendría que ser convalidado por el Parlament de Catalunya en un plazo de 30 días. En principio, la convalidación es muy probable, por lo que no habría cambios a nivel práctico. Sin embargo, como el partido mayoritario (Ciutadans o Cs) mandó el decreto al Consell de Garanties Estatutàries, que evaluará su legalidad, ese plazo está congelado.

Si el Consell determina que el decreto es contrario a la ley, tanto la catalana como la estatal -o la misma Constitución Española- tampoco pasaría nada, es un organismo consultivo, sus decisiones no son vinculantes. Ya se ha posicionado en contra de ciertas decisiones que los parlamentarios catalanes han acabado votando igual, conocidas ya por todos.

Por otro lado, la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), equivalente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del Gobierno Central, y dependiente de la Generalitat, se ha posicionado en contra. Marcel Coderch, su presidente, se ha explicado al respecto en las páginas de El Mundo.

El organismo que dirige recomienda no convalidar el Decreto Ley 4/2019 por ir en contra de los intereses de los consumidores, la libre competencia y el propio mercado. Para la ACCO, los VTC y los taxis están prestando servicios equivalentes y la precontratación está injustificada, por lo que no tiene sentido establecer entornos diferenciados a base de leyes.

En una línea similar ya se pronunció antes la CNMC, alegando que la precontratación tampoco tiene justificación porque afecta negativamente a los clientes: precios más altos, menos disponibilidad, más tiempos de espera, menor calidad del servicio prestado y se desincentiva la innovación en el sector del taxi.

Los dictámenes de la ACCO y la CNMC se alinean con el sentir de buena parte de los ciudadanos, que demandan elegir la modalidad de transporte que más les convenga. El sector del taxi busca que los VTC tengan el mayor número de trabas posible para no tener que competir con ellos, mientras que el sector de los VTC pide lo contrario: competir y convivir ambos modelos.

Si el Parlament convalida el Decreto Ley 4/2019 y todo sigue adelante, entonces habrá una batalla judicial, porque las empresas de VTC no se van a quedar de brazos cruzados y van a pedir indemnizaciones millonarias. La vía judicial es más lenta y será dolorosa para las finanzas catalanas en el caso de que la justicia dé la razón a las empresas afectadas.

Al sur de Cataluña, la Generalitat de Valencia también parece favorable a la precontratación. La Conselleria de Vertebración del Territorio está consultando a nivel público si adopta los 15 minutos de precontratación mínima, prohibir la geolocalización y el aparcamiento en superficie. En otras palabras, una copia del decreto catalán.

Uber y Cabify también abandonarán Valencia si se aprueba una norma a la catalana

Mientras tanto, en Madrid, todo sigue igual. La Comunidad presidida por Ángel Garrido mantiene de momento la regulación estatal que había antes del "Decreto Ábalos", y si no hay cambios antes de 2022, el ente autonómico tendrá que establecer su propia regulación al cumplirse el plazo para hacerlo.

Los taxistas pretendían en los últimos compases del cierre patronal que quedase en manos de los ayuntamientos regular la precontratación, que habría llevado acto seguido a trasladar la presión al Ayuntamiento de Madrid y seguramente el de las ciudades de la periferia más pobladas. Pero Garrido se mantuvo en sus trece.

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