El Gobierno desmiente que no haya pedido la fábrica de baterías a Stellantis

Este pasado miércoles 19 de enero nos hacíamos eco de unas declaraciones de Carlos Tavares, CEO del Grupo Stellantis nacido de la fusión entre FCA y PSA, sobre la falta de cintura del Gobierno de España a la hora de adaptarse a los cambios que la transición al vehículo eléctrico está ocasionando en la industria del automóvil.

El dirigente portugués señalaba que España corría el riesgo de echar a perder el trabajo de tres décadas si no aumentaba el ritmo, pues la industria del automóvil estaba evolucionando muy rápidamente y las oportunidades desaparecían con celeridad.

«El PERTE ayuda, pero no es suficiente para la transformación hacia el vehículo eléctrico»

Incluso, Tavares llegó a afirmar que «España no es uno de los estados europeos que se han movido rápido» a la hora de solicitar a Stellantis acoger la nueva fábrica de baterías para coches eléctricos, afirmación que el secretario general de Industria y PYMES, Raül Blanco, ha querido rebatir.

«Sí lo hemos pedido», asegura Blanco en unas declaraciones recogidas por El Mundo, aunque puntualiza que no directamente a Tavares, pero sí a miembros de su equipo y en concreto a Máxime Picat, responsable de Stellantis en Europa.

«El diálogo es continuo con Stellantis y todos los grupos del sector», reitera Blanco, asegurando que el Gobierno tiene «total interés en que Stellantis y todos los grupos del sector participen en el PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, que esperamos sacar a licitar en las próximas semanas».

El galimatías de los planes de ayudas

Pero las palabras de Carlos Tavares no han sido las únicas que han puesto en duda la actuación del Gobierno en la activación de la movilidad eléctrica y la competitividad de España en este campo, pues el recientemente nombrado presidente de ANFAC y actual presidente de SEAT, Wayne Griffiths, ha señalado que en nuestro país la burocracia supone un importante obstáculo.

En concreto, el máximo responsable de la patronal de los fabricantes de automoción en España considera que «la implementación de las ayudas en países como Francia o Alemania es más ágil», recordando que «aquí no tenemos centros de decisión, por lo que tenemos que ser más ágiles y competitivos que otros países de nuestro entorno para atraer las inversiones futuras que se están decidiendo hoy en nuestros cuarteles generales».

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Además, Griffiths añadió que «es difícil explicar a nuestros consejos de administración que las ayudas que la Unión Europea distribuye por regiones, luego las tramita el Gobierno central, pero también las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos».

«El PERTE ayuda, pero no es suficiente para la transformación hacia el vehículo eléctrico. A ver cómo quedan los CAPEX (inversiones y gastos de capital) en las ayudas, porque una fábrica de baterías cuesta 1.000 millones. Se habla de minería y de ensamblaje, pero no de lo que hay entre medias: fabricar el ánodo y el cátodo, que es lo que hace una fábrica de baterías», apunta Griffiths.

ANFAC recuerda al Gobierno que las compañías automovilísticas han cumplido su parte lanzando al mercado coches eléctricos, pero ahora «necesitamos que las ayudas funcionen. Tenemos 34 planes MOVES de ayudas. Cuando explicamos esto a las centrales no lo entienden», dijo Griffiths.

El nuevo presidente de ANFAC pide que se pongan los pies en el suelo en la hoja de ruta hacia los objetivos de descarbonización de 2035. «Habíamos previsto vender 30.000 eléctricos en 2021 y hemos alcanzado menos de la mitad. Más allá de que España pueda o no perder la segunda posición europea como fabricante, debemos aprovechar los fondos europeos para la transformación de la industria. La automoción española no tiene un plan B porque hay muchos países que nos llevan ventaja», concluyó.

Fuente: El Mundo