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El Parlamento Europeo pide mayor control sobre las emisiones fraudulentas de los coches

El escándalo de las emisiones de Volkswagen está empezando a mover los engranajes de la Unión Europea para que se ponga fin a este y otros fraudes de emisiones. El Parlamento Europeo exige a la Comisión Europea que se tomen medidas.

Parlamento Europeo - Fotografía: Vin100_B (Flickr) CC BY SA

La jornada de ayer fue fructífera en la eurocámara, el pleno del Parlamento Europeo ha exigido a la Comisión Europea que se tome más en serio el cumplimiento de los estándares de emisiones. Esta decisión no es jurídicamente vinculante, pero es un paso significativo hacia delante.

La Comisión Europea, aunque implantó los límites de emisiones, no tiene competencias para asegurar su cumplimiento. Este órgano comunitario lo pedirá a su vez a los Estados Miembros, y no solo eso, se ha propuesto crear una autoridad europea que tenga competencias para vigilar dicho cumplimiento.

La resolución de ayer fue aprobada por 493 votos a favor, frente a 145 en contra y 25 abstenciones. En dicha resolución también se ha condenado cualquier fraude cometido por los fabricantes de automóviles. No solo hay que investigar a Volkswagen, sino al conjunto de la industria, en busca de más irregularidades.

Nivel de cumplimiento de las emisiones de CO2, casi todos cumplen, eso sí, en condiciones de laboratorio

Hasta la fecha, algunos Estados Miembros han empezado a investigar por su cuenta, como Alemania, Francia o España; a nivel europeo no existe esa coordinación, de ahí la propuesta de un organismo paneuropeo. El Parlamento Europeo exige que se impongan sanciones a los fabricantes que han hecho trampas y violan la legislación medioambiental.

Medidas propuestas por la eurocámara para atajar el escándalo

Las normativas ya existen, pero es necesario vigilar que se cumplan. El procedimiento habitual era homologar los coches en laboratorios, donde se podían cumplir los límites, el problema es cuando esos coches salen a la calle. Las pruebas permiten mucha flexibilidad, y casi todos los fabricantes abusan de ello.

La eurocámara declaró "tolerancia cero" ante estas prácticas, tales como hacer ensayos a la máxima temperatura, el balance eléctrico no neutro o realizar alteraciones aerodinámicas que no habría en coches de calle. Estas optimizaciones no hacen sino aumentar la diferencia entre consumos reales y homologados, del orden del 40%, según el último informe de Transport & Environment.

De los modelos analizados, ningún modelo se acerca a los datos de homologación salvo el Renault Twingo / smart forfour

El Parlamento Europeo también insta a la Comisión Europea a implantar cuanto antes el nuevo ciclo de homologación con pruebas en carretera, y no solo vigilando las emisiones de NOx, también las de CO2. Esto significa que además de la contaminación, se verificarían las discrepancias en consumo, pues el CO2 se liga directamente a esa magnitud. En una primera fase, los resultados no serán vinculantes, pero en 2017 lo serán.

Para aquellos modelos que no cumplan la normativa, se pide la suspensión de su comercialización y que se llamen a revisión. Este movimiento, de realizarse, pondría a varios fabricantes en situación de alerta roja, por los enormes costes que puede ocasionar. Como mínimo pondrían mayor celo en el cumplimiento en situaciones de conducción reales, no solo en laboratorio.

También se ha planteado la revisión aleatoria de un número representativo de coches de un determinado modelo, y someterlos a pruebas independientes. No solo eso, también se pide que haya más supervisión en carretera, a través de ITV más severas. El margen para cometer fraudes se reducirá considerablemente si se toman todas estas medidas.

Las sanciones para los tramposos serán cuantiosas, pero la eurocámara no quiere que los trabajadores de las empresas automovilísticas lo paguen. En vez de eso, se propone destinar los fondos para compensación a partir de los beneficios y los dividendos para los accionistas. De esa forma los fabricantes no entrarían en pérdidas y no habría que despedir empleados o efectuar EREs.

Se podría haber ido más lejos, con una comisión de investigación parlamentaria. Fue una petición del Grupo de Los Verdes, pero no ha tenido el número suficiente de apoyos del resto de eurodiputados.

La Comisión Europea es la próxima que debe mover ficha. Antes del 31 de marzo de 2016, este órgano deberá informar al Parlamento del estado de la situación y de sus avances.

Seguiremos informando...

Fuente: Parlamento Europeo

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