El Gobierno blinda a los taxistas frente a los VTC, temporalmente

Juego de tronos en estado puro. El Gobierno está echando un pulso a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Tribunal Supremo. Una norma aprobada ayer en el Consejo de Ministros gana tiempo para evitar más protestas y desairar a taxistas y licenciatarios de VTC actuales.

Fotografía: César (Flickr) CC BY SA

Dicho y hecho. Hoy ha salido en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Simplificando, el Gobierno ha blindado -temporalmente- la ley a favor de los taxistas.

Recapitulemos. En 2013 el PP sacó adelante la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), que ponía fin a algunas de las medidas de la Ley Ómnibus que sacó adelante el ejecutivo anterior de Zapatero y el PSOE. Una de esas medidas había sido deslimitar la proporción entre taxis y VTC, solo podría haber un coche de alquiler por conductor por cada 30 taxis.

Dos años después salió el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, o Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes (ROTT) que reforzaba dicha ley y entraba en detalle. Entonces el PP ya no contaba con mayoría absoluta, por lo que no podía sacar leyes por su cuenta, pero el Gobierno tiene la posibilidad de emitir reales decretos, que son de menor rango legal que las leyes y pueden aprobarse de espaldas al Congreso, con algunos límites.

Como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vio en esta normativa un retroceso y que afectaba a la competencia, incrementando el precio por el alto coste de las licencias, lo recurrió ante el Tribunal Supremo. El martes el alto tribunal entró a analizar si deben ser tiradas abajo la proporción 1/30 y la limitación del 20% de servicios fuera de la comunidad autónoma de la licencia VTC.

El Gobierno temía una nueva escalada de protestas en la calle por parte de los taxistas y de las 100.000 familias que viven de ese sector. Es real la posibilidad de que el Tribunal Supremo anule el ROTT de 2015, y el Gobierno ha decidido adelantarse, lo cual ha sido considerado como "cacicada" según algunos miembros del partido del Gobierno.

Por lo tanto, el ejecutivo ha movido ficha, y ha emitido un real decreto ley, que está por encima en la escala jerárquica de textos legales sobre los reales decretos. En lenguaje más simple, si el Tribunal Supremo anulase el ROTT, no serviría en la práctica de nada. ¿Significa que el Gobierno ha ganado la partida? No, se ha adelantado unos movimientos.

Los taxistas celebran la decisión del Gobierno, que en la práctica impide que se saquen adelante nuevas licencias ya que el límite 1/30 quedó desbordado hace tiempo, ya que los jueces han ido concediendo licencias solicitadas antes de la reforma legal de la era Rajoy. Su victoria puede ser efímera.

Un real decreto ley es una medida para afrontar una situación de extraordinaria y urgente necesidad, tal y como dice el artículo 86 de la Contitución Española. Dentro de 30 días el Congreso de los Diputados debe dar el visto bueno al trabajo del Gobierno o tumbar el real decreto ley, y tal y como están las mayorías parlamentarias, la izquierda puede tumbar la última reforma solo para desgastar al Gobierno.

Por otro lado, si el Tribunal Supremo, cuando emita su veredicto, considera que el Gobierno ha abusado de su poder, el alto tribunal podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional, el mayor órgano jurídico de nuestro país. No sería difícil que el TC tumbase la labor del Gobierno, por lo que esta medida es fundamentalmente para ganar tiempo.

De momento las cosas se quedan como estaban, ahora no se pueden pedir nuevas licencias VTC, y los coches tendrán que usarse por lo menos el 80% de las veces en su comunidad autónoma de origen. De vez en cuando se sacan VTC de Madrid o Barcelona para atender eventos especiales, como la Feria de Sevilla o la de Málaga.

No solo se benefician los taxistas de este movimiento, también los grandes tenedores de licencias VTC, que ante la imposibilidad de que entren más competidores el mercado, se mantienen altos los valores de las licencias en el mercado secundario. Tras la reforma de finales de 2017, es imprescindible explotar las licencias dos años antes de transferirlas a otros.

El sector del transporte se va a acabar liberalizando, el progreso va en esa dirección. Si acaban desapareciendo las limitaciones de número de licencias (o se relajan a un nivel realista), tanto Uber como Cabify podrán tener más coches en la calle, dando servicio a más pasajeros, y reduciendo los problemas de oferta que acaban en incrementos de precios. La pregunta no es si pasará, es cuándo pasará.

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