Luz verde del Parlamento Europeo a la Ley de Chips para reducir la dependencia de China en la UE

La Ley Europea de Chips está cada vez más cerca de hacerse realidad. Tras el último pleno celebrado en el Parlamento Europeo, que ha dado luz verde al plan de impulso de la industria europea de microchips, ya solo resta la adopción por parte del Consejo para convertirse definitivamente en ley.

El objetivo de este plan en la UE es claro: asegurar el suministro de semiconductores en la región, apostando por el impulso de la producción, la innovación y por establecer un nuevo sistema de emergencia para casos de crisis.

Tras la escasez de chips vivida en los últimos años tras la pandemia por coronavirus, y que hemos visto reflejada en el sector del automóvil con enormes retrasos en las entregas de coches nuevos, la Unión Europea dio un paso al frente.

Para evitar situaciones como las vividas recientemente, la UE apuesta por crear conjuntamente un «ecosistema europeo de chips de vanguardia» que, además, ayude a reducir la dependencia de los productores asiáticos en este sector.

Objetivo de la UE: duplicar su cuota de mercado de chips

Actualmente, la Unión Europea abarca el 10 por ciento de la cuota de mercado mundial de microchips. Con la llegada de la nueva Ley Europea de Chips, que pretende movilizar más de 43.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas, el objetivo es duplicar esa cifra para el final de esta década.

Más que un objetivo, la nueva ley para regular y apostar por la producción de semiconductores en Europa es una necesidad. «Los chips son activos estratégicos para cadenas de valor industriales fundamentales. Con la transformación digital, están surgiendo nuevos mercados para la industria de los chips, tales como los automóviles altamente automatizados (y los nuevos coches eléctricos), la conectividad, etc», asegura la UE.

Con la última votación llevada a cabo en el Parlamento Europeo, se han aprobado unas bases ya acordadas previamente con el Consejo y que permitan «crear un entorno favorable a la inversión en chips en Europa». La UE destinará a este efecto 3.300 millones de euros solo a la investigación e innovación sobre semiconductores.

Para evitar problemas de suministro en el futuro, la Ley de Chips establecerá también un «mecanismo de crisis» que permita, entre otras cosas, aplicar medidas de emergencia y priorizar el suministro de productos especialmente afectados por una escasez, identificar posibles cuellos de botella y evaluar los riesgos.

Es decir: para que no se repita lo que se está viviendo en los últimos tres años tras los meses de confinamiento a nivel mundial por culpa de la pandemia por COVID-19, un momento que reveló las carencias y debilidades de la industria europea de chips y que ocasionó una escasez de semiconductores sin precedentes.

Lo que propone la Ley de Chips de la Unión Europea

Los últimos pasos en Bruselas para dar vida a la Ley de Chips van en la dirección correcta. Recordemos lo que propone esta ley tan importante como necesaria para que la Unión Europea no vuelva a vivir situaciones de extrema dependencia de países como China:

• Establecer un marco más favorable para los inversores y de cara a establecer instalaciones de fabricación en Europa.
• Prestar apoyo a empresas emergentes innovadoras, empresas en expansión y pymes para acceder a financiación de capital.
• Crear herramientas que permitan anticiparse y responder ante futuras crisis y posibles situaciones de escasez de semiconductores, garantizando así la seguridad del suministro.
• Dar acceso en toda la UE a herramientas de diseño y líneas piloto para la creación de prototipos, ensayos y experimentación de chips de última generación.
• Realizar inversiones en tecnologías de próxima generación.
• Procedimientos de certificación de chips confiables y eficientes para garantizar la calidad y seguridad de aplicaciones cruciales.
• Fomentar las capacidades, el talento y la innovación en el ámbito de la microelectrónica.
• Crear asociaciones internacionales en materia de semiconductores con países afines.

Fuente: Parlamento Europeo