El Congreso estudia cómo conseguir coches eléctricos por 100 euros al mes
El Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley de Sumar, mediante la cual se pondría un plan de leasing social adaptado a coches eléctricos. De este modo, se pretende impulsar la inclusión del mismo en todos los estratos de la sociedad.

El partido político Sumar, liderado por Yolanda Díaz, ha elevado al Congreso de los Diputados una proposición no de ley que tiene como objetivo estudiar la implementación de un sistema de leasing social de vehículos eléctricos.
Este, que ya funciona en países como Francia, se traduciría en cuotas asequibles para particulares, empresas y profesionales.
Dicha propuesta se va a debatir en la Comisión de Transición Ecológica y plantea desarrollar un sistema que haga posible el acceso de vehículos eléctricos a los ciudadanos con rentas medias y bajas, con especial atención a las zonas rurales.
100 euros al mes
La cuota objetivo de la propuesta es de 100 euros al mes, que los diputados que han registrado la propuesta, Félix Alonso, Júlia Boada y Aina Vidal de En Comú; y el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, consideran asequible y adaptada al entorno español.
La misma incluiría coches pequeños y furgonetas, tanto para usuarios vulnerables como para microempresas y autónomos en esa misma situación. Además, estos vehículos estarían fabricados en la Unión Europea.

Carsharing rural
La propuesta también plantea el impulso del carsharing en empresas situadas en entornos rurales, para lo cual plantean iniciar un diálogo con estas y los sindicatos.
La intención de Sumar es incluir todas estas propuestas en el Fondo Social para el Clima, que forma parte de la Directiva de la Unión Europea para el establecimiento de una normativa relativa al comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, todavía pendiente de transponerse en el ordenamiento jurídico español.
Además, la coalición plantea suprimir los obstáculos sociales que dificultan el acceso a los coches eléctricos. Para ello, propone automatizar la concesión de ayudas, extenderlas también a vehículos de empresa, mejorar la red de recarga —especialmente en zonas rurales—, unificar los sistemas de carga e impulsar la fabricación nacional de vehículos eléctricos mediante la transformación del sector de la automoción.
Finalmente, la iniciativa parlamentaria propone crear un mecanismo de estímulo a la demanda de vehículos eléctricos pequeños y asequibles fabricados en la Unión Europea, basándose en un análisis completo del ciclo de vida del vehículo.