El Ministerio de Justicia de Alemania rechaza la primera ley de conducción autónoma

Llamada a ser la tecnología revolucionaria de esta década, la conducción autónoma se ha tragado miles de millones, de euros y de dólares, de los fabricantes y de proveedores en investigación y desarrollo de componentes a la que han renunciado la gran mayoría por falta de una normativa. Y es que las marcas tenían razón en que la investigación, desarrollo y pruebas son inútiles mientras no haya un marco normativo a nivel internacional.

O, en su lugar, por regiones mundiales. Al fin y al cabo, la tecnología se puede montar y desbloquearse mediante el pago y una actualización inalámbrica. Hablamos de funciones de conducción autónoma avanzada de nivel 3 que, por minutos, permiten delegar la conducción en el coche y que cuestan entre 6000 y 12000 Euros. Aún así hay fabricantes que persisten. A partir del segundo semestre, Mercedes ofrecerá avanzadas funciones de nivel 3, y de nivel 4 en 2022.

Alemania quiere liderar la conducción autónoma regulada legalmente, pero la protección de datos es un escollo

Tecnología que se está probando gracias a una norma de aplicación a los fabricantes que autoriza el uso de prototipos en 400 áreas del territorio alemán para la realización de pruebas con prototipos, un permiso por el que tienen que abonar 82.000 Euros.

Aprovechando ésta, Alemania ha desarrollado un texto normativo para que los coches autónomos vaguen legalmente por su territorio, si bien el texto no ha sido aprobado porque el Ministerio Federal de Justicia ha rechazado el primer proyecto de ley debido a problemas con la protección de datos. El tribunal ha sido tajante en el tratamiento de los datos de los propietarios de los coches autónomos y del que hacen los redactores.

El argumento del tribunal es claro, la protección de datos de los conductores es sagrada

Según éstos, los datos del conductor y propietario, así como las rutas por las que circula permanentemente deben ser enviadas, en primera instancia, a organismos alemanes como la Autoridad Federal de Transporte Motorizado y luego a la Oficina de Protección de la Constitución o la Oficina Federal de Policía Criminal, rechazada de plano por un Tribunal alemán, y que ha abierto un debate por una ley de datos de movilidad. El propósito de esta ley es que el propietario y conductor de un vehículo tengan acceso a sus datos en todo momento y determinen quién tiene permiso para acceder a ellos.

La asociación de fabricantes alemanes VDA admite que hacer atractiva y segura la conducción autónoma entre los conductores pasa por la determinación de los problemas en la responsabilidad de los seguros ante un accidente cuando conduce el coche en lugar de una persona, pero también de la regulación de la protección de datos. Y es que el consumidor solo entendería la conducción autónoma como un medio para llegar a un destino de forma segura, sin ser espiado.

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Fuente: Handelsblatt