El Gobierno aprueba la Ley de movilidad sostenible: se avecinan cambios con las etiquetas, peajes urbanos…
Tras muchos intentos y negociaciones, el Gobierno de España ha conseguido aprobar en el Congreso la nueva Ley de movilidad sostenible que, en un futuro muy cercano, dará pie a muchas medidas de las que venimos hablando los últimos años.
In extremis, así podemos resumir la aprobación en el Congreso de los Diputados de la tan añorada Ley de movilidad sostenible que el Gobierno llevaba peleando incluso desde la anterior legislatura. Su complejidad, con más de 750 enmiendas negociadas en los últimos meses, ha tenido su punto casi definitivo este 8 de octubre.
Hay muchos temas implicados en esta Ley, que todavía debe ser refrendada en el Senado y publicada en el BOE, y de los que venimos hablando mucho en los últimos años: etiquetas medioambientales, pago por uso de carreteras, impuesto al diésel, apuesta por los coches eléctricos…
No obstante, hay que dejar claro de partida un detalle: muchas de las medidas que afectan a la industria automovilística tienen un carácter habilitante o facultativo, y no obligatorio de forma estricta. Es decir, que esta nueva Ley confiere competencias o posibilidades que, eso sí, en el futuro se podrán hacer realidad.
Qué esperar de la Ley de movilidad sostenible
Resumiendo, que no se han aprobado medidas estrictas como los cambios en las etiquetas de la DGT, los peajes en las carreteras u otros antes comentados, pero sí que se ha dado un primer paso para que se pueda conseguir en los próximos años.
Para el Gobierno es un paso importante, ya que recordemos que hay en juego más de 10.000 millones de euros de fondos europeos que dependen de la aprobación de determinadas medidas. No obstante, como decimos, no hay nada en firme como tal, pero vamos a tratar de contaros los temas que sí "toca" esta Ley.
En esencia, este nuevo texto reconoce que tú, que yo, que todos nosotros… tenemos derecho a la movilidad sostenible, y como tal se impondrán una serie de objetivos con los que se consiga la neutralidad climática para el 2050. Y eso se conseguirá, entre otras cosas, descarbonizando todo el sistema de transporte.
El Gobierno quiere promover la movilidad «compartida, colaborativa y a demanda», incluyendo ayudas públicas o creando empresas públicas que puedan ofrecer tales servicios. Además, establecerá una jerarquía que prioriza el transporte público o estos servicios colaborativos frente al coche privado.
Etiquetas, peajes y puntos de recarga
Mucho se viene hablando de las etiquetas medioambientales y de los cambios que podrían sufrir. Este es un primer gran paso en la obtención de este objetivo: con esta Ley, el Gobierno anuncia la obligación de presentar en el plazo máximo de 12 meses un estudio para revisar dichos distintivos, incorporando el CO2 como criterio.
«El Gobierno presentará un estudio que analizará la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional. Dicho estudio incluirá una consulta a las Comunidades Autónomas», afirma el texto.
Además de apostar por el vehículo compartido, la Ley habla de priorizar también la descarbonización del parque automovilístico, lo que implica apostar por el coche eléctrico. Así, se anuncia que en 3 meses se aprobará un Plan Nacional de Renovación del Parque, que buscará sustituir coches antiguos por otros de cero o bajas emisiones. ¿El esperado sustituto del Plan MOVES III?
Otro punto importante en ese sentido tiene que ver con los puntos de recarga, obligando a las gasolineras grandes (con un volumen de ventas superior a 10 millones de litros de combustible) a instalar enchufes para la carga de las baterías de coches eléctricos.
«A partir de 2025 instalarán y/o acreditarán al menos un grupo de recarga que ofrezca una potencia disponible de al menos 400 kW que incluya al menos un punto de recarga con una potencia disponible individual de al menos 150 kW de recarga eléctrica en corriente continua, que deberá prestar servicio en un plazo de veintiún meses a partir de la entrada en vigor de esta ley. Las instalaciones que cumplan estos requisitos a partir de 2027 deberán instalar o acreditar un grupo de recarga de al menos 600 kW».
La Ley también contempla la elaboración de un Plan Estatal de Recarga para zonas sin cobertura privada suficiente. Es decir, que se facilitaría el acceso a puntos de recarga públicos en zonas donde no lleguen las empresa privadas.
Y aunque no haya nada explícito al respecto, la Ley abre la puerta para que en el futuro se graven ciertos tramos de la red de carreteras estatales en función del uso o las emisiones del vehículo. Además, se facultará a los ayuntamientos a introducir tasas o peajes urbanos bajo estos mismos parámetros.
No hay nada concreto respecto al impuesto al diésel, una medida que el Gobierno descartó recientemente.