La Ley de Cambio Climático y Transición Energética puede volver a escena

Así quedará el Congreso de los Diputados tras el 28-A. Fuente: Gobierno de España, Ministerio del Interior

Los votos han hablado, este es el arco parlamentario provisional que nos espera durante la próxima legislatura. El partido en el Gobierno, el PSOE, pasa de 85 a 123 diputados y se convierte en la fuerza más votada. Puede gobernar con el apoyo de Unidas Podemos (UP) y fuerzas regionales, o con Ciudadanos (Cs).

La coalición PSOE+Cs es la más fácil, porque sumarían 180 diputados y se lograría la mayoría absoluta. Sin embargo, parece ahora mismo complicado que eso ocurra, pues Cs ha trasladado ya el mensaje de no pactar con el PSOE ni como socios de Gobierno ni para la investidura.

Eso hace que el escenario más probable sea el de una coalición de fuerzas de izquierda y algún apoyo de nacionalismos periféricos, como por ejemplo PSOE+Podemos (inc. Guayem)+ERC, que daría también 180 escaños. Y esa suma haría volver las medidas estrella del PSOE para avanzar hacia la descarbonización.

Fachada del Ministerio para la Transición Ecológica

En la pasada legislatura el PSOE estaba demasiado condicionado por sus aliados de moción de censura y la oposición era muy fuerte. Eso quedó atrás. Las tres fuerzas que se van a oponer principalmente a las medidas de izquierda son PP, Cs y VOX, en total 147 escaños. Además, el PSOE también controlará el Senado, así que tendrá facilidad para legislar.

Allá por febrero apareció el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), un texto legal que no llegó a ser votado en el Congreso de los Diputados y por el cual España marca el camino para llegar a la descarbonización (eliminar emisiones de CO2 netas) en el año 2050. Haga lo que haga España, la Unión Europea hará precisamente eso.

Entre ese abanico de medidas está la prohibición de matricular vehículos con emisiones de CO2 (térmicos e híbridos) en 2040, así como prácticamente eliminar la circulación de térmicos e híbridos en 2050. También incluye una fuerte apuesta por las energías renovables (3.000 MW al año adicionales) y un fin cierto para las centrales térmicas de carbón y la no renovación de las nucleares. Las carreteras se llenarán de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La fiscalidad de los combustibles será revisada. El gasóleo estaba en el punto de mira y se había planificado que la carga fiscal fuese la misma que la gasolina, pero el intento fue tumbado en el Congreso al no salir adelante los Presupuestos Generales del Estado 2019. Eso incrementaría el impuesto más del 30%, lo que NO significa que el litro subiría en esa cuantía. Gasolina y gasóleo pasarán a costar prácticamente lo mismo, descincentivando al consumidor para usar gasóleo. Por cierto, el PSOE votó en contra de eso allá por 2011.

Pero también se toca la espinosa cuestión de la fiscalidad de los combustibles gaseosos, GLP y GNC, actualmente muy beneficiados por una baja fiscalidad que se introdujo hace años para incentivar su consumo. Siendo los eléctricos cada vez más viables como alternativa limpia, la fiscalidad del gas puede ser revisada al alza.

También se prevé hueco para la generación de combustibles sintéticos (de origen no fósil), como el biometano o el hidrógeno, siguiendo parámetros europeos. Las energías fósiles no recibirán más autorizaciones para la exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

Los ayuntamientos acelerarán la implantación de zonas de bajas emisiones antes de 2023 para ir sacando los vehículos más contaminantes de los municipios de más de 50.000 habitantes (actualmente el tope está en 100.000) y favorecer otros medios de transporte, como a pie, bicicleta, multimodalidad eléctrica, transporte público, etc.

Eso es, a brocha gorda, lo que podrá cambiar en los próximos años en base a lo votado. Una alianza entre PSOE y Cs suavizaría un poco las formas, pero de la mano de UP será más rápido. De este último partido salieron propuestas muy audaces -por no decir radicales-, como incluir en la fiscalidad parámetros como la potencia o el peso de los vehículos, lo que penalizaría bastante a los SUV y deportivos.

Si el mercado ya tenía incertidumbre desde aquello de "el diésel tiene los días contados", vendrá más hasta que la LCCTE sea aprobada por el Congreso y el Senado con una sólida mayoría. A corto plazo tendrá efectos colaterales en el mercado de turismos, todoterrenos y vehículos industriales ligeros, y a medio plazo afectará a la actividad industrial del segundo productor europeo de automóviles.