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El ratio 1:30 de VTC y taxis no tiene sentido, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Enésimo capítulo de la guerra judicial y comercial entre los taxistas y las empresas de VTC asociadas a las aplicaciones digitales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia y pone fin a un frente iniciado en Barcelona.

El ratio 1:30 de VTC y taxis no tiene sentido, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Estación de tren Barcelona Sants - Isriya Paireepairit (Flickr) CC BY-NC

6 min. lectura

Publicado: 08/06/2023 22:30

Allá por diciembre, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo un spoiler de la sentencia que se ha conocido hoy. Los conocedores de este tribunal europeo saben que la opinión del abogado general suele ser un prolegómeno de la sentencia, aunque una cosa no siempre implique la otra.

El TJUE -por abreviar- ha finalizado una de las batallas de la guerra entre taxis y VTC en España, pero ha abierto otros frentes. Por un lado, el TJUE considera que la limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxi -que se arrastra desde 1987- es contraria al derecho europeo porque pone pegas a la implantación de negocios.

El famoso ratio 1:30 ya fue tumbado una vez, debido a la Ley Ómnibus, y posteriormente fue aplicado de nuevo. En ese espacio intermedio, se pidieron licencias de VTC por kilos. Algunos las compraron a precios de risa, pongamos 40 euros, y las acabó vendiendo por decenas o cientos de miles de euros (aunque esa es otra historia).

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Para enredar más la situación, a finales de 2018 se promulgó el conocido como «decreto Ábalos», por el nombre del titular del ministerio de Fomento en ese momento, José Antonio Ábalos. Resumiendo mucho, ese decreto pasaba la patata calienta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, por lo que convirtió un problema grande en más de 17 problemas.

La autonomía de Cataluña fue de las primeras en meter mano al sector del VTC, primero imponiendo unas condiciones que les perjudicaban, y se acogió a la exigencia de una segunda licencia de uso local o autonómico. Esta es otra de las características del «decreto Ábalos», que daba más control a las CCAA y los ayuntamientos respecto a los vehículos de alquiler con conductor.

«La exigencia de una autorización específica adicional y la limitación del número de licencias constituyen, ambas, restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento, pues la primera limita efectivamente el acceso al mercado a todo recién llegado y la segunda limita el número de prestadores de servicios de VTC establecidos en el Área Metropolitana de Barcelona», dice el texto de la sentencia.

Fotografía: César (Flickr) CC BY SA

No obstante, el TJUE considera que está bien que exista esa segunda licencia, pero con condiciones: «Esta autorización específica debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que respondan a necesidades particulares del AMB».

Aunque la sentencia está muy relacionada con el regulador metropolitano de Barcelona, su aplicación acabará salpicando la legislación nacional, el famoso Real Decreto-Ley. Una norma jurídica española no puede ir contra el derecho comunitario. Ahora bien, hasta que no se constituyan de nuevo las Cortes Generales, después de las elecciones, esto se queda en suspenso como otras tantas cosas.

Para el sector del taxi, la noticia es agridulce. Que se considere como contrario al derecho comunitario el ratio 1:30 les perjudica, en tanto acabará habiendo más licencias de VTC porque el Tribunal Supremo tendrá luz verde para conceder las que se han reclamado hace años. Pero que se exija una segunda licencia de ámbito local les parece bien.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En estos años en los que empresas como Uber y Cabify han entrado en el sector del transporte, aunque no queramos llamarlo transporte público o servicio público, se han agarrado a una cuota de mercado allí donde han podido operar. Los taxistas han tenido que sumarse a la economía digital y aprender a convivir con esta competencia nueva.

Los legisladores que salgan elegidos el próximo 23 de julio tendrán por delante enmendar estas chapuzas jurídicas de los últimos años, y modernizar de una vez los textos legales correspondientes, la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) y el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT).

Taxis y VTC están condenados a convivir, así lo ha establecido la clientela con sus elecciones. Durante estos años, se ha comprobado que esa convivencia es posible. Los que elijan una modalidad de transporte se acogerán a unas reglas, y los que elijan la otra modalidad, pues se acogerán a otras. Lo importante es que haya reglas, y sobre todo, que estas las cumplan todos los actores implicados.

Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

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